Tsunami de odio y barbarie

El tsunami político que se propagó por varios países de Latinoamérica, con evidentes propósitos desestabilizadores en casi todos ellos, sigue causando estragos de odio y destrucción inusitados.

Una delegación de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos verificó los daños ocasionados en nuestro país, especialmente en esta capital, durante los once días de protestas de organizaciones indígenas por la expedición del decreto 883, que eliminaba el subsidio a la gasolina extra y al diésel. También escucho los testimonios de dirigentes de las movilizaciones y otras personas.

Así mismo un grupo de representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas constató la destrucción del edificio, enseres y documentos de la Contraloría y cumplió otras actividades similares en las que, sin duda, observó los efectos del vandalismo perpetrado por elementos que se mezclaron con los y que contaron con armas rudimentarias pero dañinas.

Se anunció que se tomaría la acción legal correspondiente por la declaración del prepotente líder de la Conaie, Jaime Vargas, de que formarán un ejército propio, integrado básicamente por ex combatientes shuar y ashuar, aunque luego, ante la reacción de las autoridades correspondientes, trató de dorar la píldora con la simplonada de que sólo se trata de un ejército desarmado para amparar a su comunidad. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que no es nueva esa idea, ya que durante el Gobierno anterior se ha utilizado dicho batallón en el año 2915 como fuerza de choque contra manifestantes de oposición, y que tenía el visto bueno del entonces ministro Patiño.

Mientras tanto en Chile, país catalogado como el más próspero de la Región, paraíso del neoliberalismo, etc. prosiguen las manifestaciones, que se iniciaron el 18 de octubre, en protesta por el aumento del pasaje del metro, que, luego se dejó sin efecto. El presidente Piñera cambió varios ministros, implantó y levantó el toque de queda, otorgó ciertos beneficios populares, pero continúan la insurrección, los saqueos y el vandalismo.

Bolivia también vive días de zozobra luego de las elecciones del domingo anterior, en las que aparentemente triunfó con décimas de punto el actual presidente Morales, quien cumplirá su cuarto período consecutivo, con un total de veinte años, pese a que la Constitución de ese país contempla un límite de dos períodos, lo cual, inclusive, fue confirmado por un referéndum. La oposición acusa de fraude electoral y la OEA planteó la conveniencia de que se realice la segunda vuelta, pero don Evo está decidido a perpetuarse en el trono.

En México el Gobierno del presidente López Obrador se rindió ante el poder del narcotráfico cuando se intentó detener a un hijo del “Chapo”, quien actualmente cumple prisión perpetua en Estados Unidos. Y qué decir de lo que ocurre algo más lejos, en Cataluña, España.

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