Francisco Rosales Ramos

Tarea

Hecho consumado: la ley tributaria presentada como proyecto urgente por el presidente Lasso, entró en vigencia el 29 de noviembre pasado, sin que la Asamblea Legislativa la haya aprobado, negado o modificado, como era su obligación. Los apetitos politiqueros, las rencillas internas y los intereses electoralistas, se impusieron sobre la conveniencia nacional. Ya no llama la atención la pobreza intelectual y la inopia ética de la Asamblea, pero este episodio aumenta las dudas sobre la viabilidad política de la nación.

Una modificación de fondo a la estructura política es urgente. Mientras existan más de 250 movimientos o partidos políticos que responden a los apetitos elementales de caciques y congéneres, el desorden en la Asamblea será inevitable. Y mientras los grupos que denuestan la década robada no actúen responsablemente, el caudillo tendrá las de ganar, como ha ocurrido en la actual legislatura. No importa el método de asignación de escaños. Una lista que reciba alrededor del 30% de los votos tendrá el mayor número de asambleístas, frente a 15 o más listas que se reparten el 70% restante. Pero para formar el frente común hace falta inteligencia, sentido de país, desprendimiento y altos principios éticos. Se conoce que en pocos días estará terminado un proyecto de reforma política que será presentado a la Asamblea para su trámite y aprobación. Pero pocas expectativas positivas despierta un organismo que ha sido incapaz de decidir sobre un muy importante proyecto de ley, pero fácilmente juntó los votos para no sancionar a un legislador diezmero.

Por encima de esta penosa realidad, al Gobierno le toca recortar en serio el exagerado gasto público. Es inaceptable que cada vez que el Estado se ahogue por falta de recursos, eche mano a nuevos impuestos que pagarán los mismos que lo han venido haciendo.

Una gran cantidad de transacciones que se realizan con pago en efectivo, está fuera de los controles y no se ve ninguna acción para atacar esa realidad. Y en cuanto al gasto, el documento Cordes Opina, de 26 de noviembre de este año, señala que en 2013 el gasto del sector público no financiero llegó al absurdo del 47% del PIB. Terminado el boom petrolero y el endeudamiento irresponsable, disminuyó al 38% en 2020, lo cual todavía excede en 8 puntos porcentuales el promedio regional.

El recorte del gasto le corresponde no solo al Gobierno central, sino también a municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, empresas públicas y otros entes similares. Buena parte de los municipios son incapaces de generar ingresos propios y viven de las asignaciones presupuestarias. Y el grueso de sus gastos son remuneraciones y obritas intrascendentes, mientras carecen de agua potable y canalización. Es urgente fijar objetivos de largo plazo y afrontar la crisis fiscal con realismo y valentía.