Rodrigo Borja

Gil Barragán Romero

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Domingo 28 de octubre 2018

Escribo este artículo en un lugar muy lejano del Ecuador: Croacia. Aquí acabo de enterarme de que ha muerto en Guayaquil el doctor Gil Barragán Romero, uno de los ecuatorianos más ilustres de las últimas décadas. Lo conocí mucho cuando integramos la Comisión de Juristas nombrada en 1966 por don Clemente Yerovi, Presidente de la República interino, con la misión de preparar un proyecto de Constitución Política en la nueva etapa que iniciaba Ecuador después de la dictadura militar.

Allí, y a pesar de algunas diferencias ideológicas, pude apreciar su talento, su cultura, su honestidad, su patriotismo y su completa entrega a la causa nacional. En ella compartí responsabilidades —muy joven todavía— con los ilustrados juristas Alfredo Pérez Guerrero, José Federico Ponce, Gil Barragán Romero, Gabriel Cevallos García, Miguel Ángel Aguirre y Juan Alfredo Illingworth.

Después de cuatro meses de intenso trabajo, formulamos un muy bien meditado, progresista y moderno proyecto de Constitución que pudiese servir como documento de trabajo a la Asamblea Nacional Constituyente próxima a reunirse.

El proyecto renovaba desde las bases la organización del Estado y cambiaba ciertas concepciones jurídicas tradicionales. En su parte dogmática sistematizó los derechos humanos de la primera y segunda generaciones —o sea los derechos civiles, políticos y económicos—, introdujo limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad privada, igualó la condición jurídica de los hijos legítimos e ilegítimos, suprimió el requisito de saber leer y escribir para ser ciudadano, fortaleció la educación laica fiscal y municipal, abrió las puertas de los conventos, monasterios, iglesias, museos, archivos y bibliotecas eclesiásticos para que pudieran ser visitados por la gente, de modo que los bienes de la cultura cumplieran su función social.

Una de las innovaciones importantes que contenía el proyecto —innovación audaz para ese tiempo— era la nueva división político-territorial del Estado. Al proponerla a la Comisión, sostuve que la división tradicional era completamente arbitraria y antieconómica. No respondía a criterios de integración ni desarrollo. Y había constituido —y sigue constituyendo— una de las causas de la injusticia social regional, del crecimiento desigual y del atraso en que se encuentra sumida la mayoría de las provincias. La idea que yo tenía en la cabeza era que una división política horizontal para integrar cuatro regiones o distritos económicamente eficientes, cada uno de los cuales comprendería una zona litoral, una zona interandina y una amazónica, podría vencer las inconveniencias de la división vertical que nos impuso la Cordillera de los Andes y superar los prejuicios regionales y las miopías localistas que han conspirado largamente contra la cohesión nacional.