Hay que sentar un precedente firme en el país contra quienes se han acostumbrado a los abusos, violaciones y arbitrariedades y quieren aferrarse a altos cargos del Estado. Lo mejor que podía pasar con el Consejo de Participación Ciudadana, cuya existencia desde el nefasto correísmo ha sido cuestionada, es la presencia de la actual mayoría que por su voluntad quiere irse al barranco y hace todos los méritos para ser procesados al menos en dos campos que tienen responsabilidad: político y penal y que les podría llevar a su destitución, sanciones y hasta la cárcel.
En general, los violadores del ordenamiento jurídico deben saber que los tiempos cambiaron (aunque todavía hay operadores de justicia rezagos de la obediencia al correísmo), que ya no hay un patrocinador ni protector de estos actos como fuera en el poder el prófugo en Bélgica, quien además de eso se presume que participó de la enorme corrupción que hoy destapan sus más cercanas colaboradoras del despacho presidencial, con pruebas documentales y testimoniales.
Son cuatro miembros que hacen hoy la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, que por sus actos están identificados con el régimen anterior y que se evidencia en la prepotencia, arrogancia y atropellamientos de las normas. Con expresiones de la revolución ciudadana que disfrutó casi una década del suculento arroz verde (corrupción).
Van a tener que asumir su responsabilidad política ante la Asamblea Nacional y penal ante la Fiscalía. Algunos han sido protagonistas de actos de proselitismo político, que está prohibido expresamente en la ley. Los hechos están a la vista al salir a las calles a manifestaciones, una de ellas cuando el des legitimado presidente de ese organismo marchara desde su oficina hasta la Función Legislativa, a la que concurriera a hacerle un desplante bravucón propio de los autoritarios.
En lo penal, se ha iniciado en la Fiscalía la indagación previa en base a varias denuncias por violar el COIP, artículo 282, que dice: Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Los cuatro consejeros pueden regresar a su casa o ir a la cárcel, para lo cual hay que pedir el debido proceso y el derecho a la defensa que tienen, con mayor razón aquellos acusados de falsificar documentos para participar de candidatos y caer en el delito de falsedad ideológica. Hasta perdieron la vergüenza! Cómo se puede entender que una persona que ingresó a una respetable congregación católica e hizo el voto de pobreza, declare un patrimonio personal de USD 372 mil. Cuántos pobres quisieran tener eso.