Ni el impactante informe del Secretario General Almagro pudo obtener que la OEA resolviera someter a examen el caso venezolano. Pero las reuniones de Unasur, Alba y OEA, la mediación de tres ex presidentes y el mensaje de una treintena de ex jefes de estado demuestran que la crisis venezolana ha traspasado las fronteras nacionales y suscita la preocupación general. La razón es aterradoramente simple: en Venezuela se está jugando el destino de la democracia, los derechos humanos y las libertades que una y mil veces nos hemos comprometido a defender.
Ya nadie puede decir que la crisis venezolana es un asunto de política interna, que no admite injerencias extranjeras. Si así fuera, ¿para qué propició el Ecuador la Carta de Conducta de Riobamba que reconoce legitimidad a la acción internacional concertada en defensa de los derechos humanos?, ¿para qué la Conferencia Mundial de 1993 aprobó la Declaración de Viena dando vigencia universal a tan moderno principio?
Respondiendo a nuevos retos, la ONU ha examinado, desde hace más de 30 años, la doctrina de la “intervención humanitaria” que se transformó en la “obligación de proteger”. Todavía nos falta recorrer un largo camino, pues los gobiernos siguen dando prioridad a sus intereses coyunturales. Esta fue una de las razones que inmovilizaron a la Asamblea General de la OEA y dejaron en el limbo al Consejo Permanente.
La reacción de la OEA puede haber sido tardía y tímida, pero pone en evidencia un cambio de actitud frente a los compromisos con la democracia. La Carta Democrática Interamericana nos obliga a dejar de lado la indiferencia cuando los valores, derechos humanos y libertades están en peligro. No cabe esperar que se produzca un golpe de estado para actuar. Hay que evitar que los gobiernos en ejercicio del poder se empeñen ciegamente en crear situaciones en las que, cerrados los caminos de la legalidad, no les queda a los pueblos, descontentos y frustrados, otra opción que la dictada por la angustia y la desesperación.
El diálogo será siempre el mecanismo más eficaz para propiciar la solución de una controversia. En tal sentido, hay que apoyar la iniciativa de los ex presidentes de España, Panamá y República Dominicana. Pero, para comenzar un diálogo con perspectivas de éxito hay que crear condiciones mínimas de serenidad y confianza. Por esto es razonable pedir al presidente Maduro que dé pruebas de su voluntad de dialogar adoptando dos medidas indispensables: liberar a los presos políticos, como lo piden todos, y convocar este año a un referéndum revocatorio del mandato presidencial, según lo prevé la Constitución venezolana.Creo que lentamente, entre dudas y timideces, la evolución del derecho internacional sigue rumbos ineluctables y promete frutos positivos para la democracia continental.