Mientras Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, visitaba Venezuela para investigar la situación in situ, el capitán de corbeta Rafael Acosta era torturado de forma brutal por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar. El oficial había sido arrestado el 21 de junio bajo acusación de integrar un presunto grupo subversivo. Días más tarde, compareció agonizante en una corte militar. El sábado 29 falleció en un hospital militar. Edema cerebral severo, traumatismos generalizados, excoriaciones y quemaduras revela una filtración de la autopsia.
El pasado jueves, la Alta Comisionada difundió su informe. El documento es un testimonio patético de la degradación inhumana a la que ha llegado la dictadura. Las torturas contra los opositores no son excepcionales; con detenciones arbitrarias, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales, forman parte del sistema fascista creado por el chavismo.
Las políticas del gobierno “han acentuado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas”. Entre enero de 2014 y mayo de 2019, fueron detenidas 15 045 personas por motivos políticos, la mayoría en manifestaciones contra el régimen. El informe refiere casos de presos “sometidos a tortura, trato cruel, inhumano o degradante, como aplicación de corriente eléctrica, asfixia, simulación de ahogamiento, palizas, violencias sexuales…” Las fuerzas de inteligencia y seguridad “recurren de manera habitual a estas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar”. Los colectivos armados apoyan la represión y el amedrentamiento. El informe registra la criminalización de la protesta y los ataques a periodistas, activistas de derechos humanos y críticos al gobierno.
Los aspectos examinados trazan un cuadro de horror. Violaciones a los derechos económicos y sociales: el salario mínimo, que equivale a USD 7, cubre el 4,7% de la canasta de alimentación. Deterioro de los servicios públicos básicos: electricidad, gas natural y, sobre todo, salud: en cuatro de las principales ciudades se comprobó la carencia entre un 60 al 100% de fármacos esenciales; miles de personas han muerto por falta de insumos hospitalarios. Cada vez más venezolanos dependen de programas estatales para acceder a niveles mínimos de ingresos y alimentos. Estas violaciones, entre muchas otras, trazan la tenebrosa situación en la Venezuela de Maduro, de la que han salido más de 3 millones de personas y en donde la economía y el sistema productivo entraron en crisis antes de cualquier sanción al régimen.
El informe debe ir a la Corte Penal Internacional pues registra crímenes de lesa humanidad. Después de él, es inexplicable que países como México o Uruguay sigan sin condenar la oprobiosa dictadura.