Nuestro esquema jurídico turístico está hecho para ser muy serviciales y discretos con la delincuencia nacional e internacional. Si un hospedaje privado, sea hotel u hostal, “no desea” poner cámaras de seguridad e incumplir la normativa del Ministerio de Turismo, sigue funcionando con un simple permiso del Ministerio del Interior -responsable de la seguridad nacional- con solo hacer el pago respectivo.
Ecuador y sus poblaciones fronterizas poseen albergues de todo tipo donde cualquier forajido puede dormir y descansar con toda la seguridad que brindan estos sitios que tampoco registran los datos a sus huéspedes. Sumemos las nuevas aplicaciones de Internet, que en Ecuador permiten a cualquier departamento o casa, sin importar cuan paupérrima o aislada sea, reciba personas a las cuales no se les pide ningún documento, registro o motivo de su visita.
Los delincuentes también duermen, reposan, se desestresan. Las novelas y series, nos hacen ver dos extremos: los que tiene fincas llenas de lujos o los que duermen en casuchas selváticas. La realidad es diferente. La gran masa delincuencial común en nuestras ciudades y fronteras, usan los numerosos hospedajes avalados por el Ministerio del Interior, cuando lo lógico y seguro, debería ser que todo alojamiento, incluidos los que se ofertan en las apps, deberían estar regidos por el Mintur y quien no cumple sus normas, no abre sus puertas. Igualmente, todo local de arriendo para vivienda –y sus arrendatarios- deben estar registrados en el municipio respectivo, que debe certificar la seguridad del predio y del arrendatario.
Ciudades como San Lorenzo, Tulcán, Lago Agrio, están llenas de pensiones amistosas con los bandoleros, sus coches y cargamentos; que luego de cometer las fechorías, tienen una cama donde reposar y el espacio para planificar el próximo golpe.
El coche bomba de San Lorenzo, por narco delincuentes, al ser calificado como acto terrorista, mostró la molestia gubernamental, pero fue un terrible mensaje a la comunidad turística mundial, que ya vimos como abandonó Egipto y Turquía por culpa del terrorismo, que asusta más que la delincuencia.
No existe Servicio de Inteligencia estatal que pueda cubrir todos los hospedajes legales aptos para ilegales que hay en el país y fronteras, para luchar eficazmente contra el narcotráfico; peor si esta “inteligencia” está orientada a perseguir a los opositores políticos más que a los malhechores.
El triunfo del sí en la consulta le da al Presidente el espacio para modificar las leyes nocivas para la democracia y la seguridad nacional, es necesario reformar las que avalan el hospedaje ilegal y nos convierten en atractivo destino de la delincuencia internacional, cada vez más prepotente, como lo demostró el bombazo en San Lorenzo.