Desmontando el correísmo

En la década pasada muchas personas contribuyeron con su conocimiento, esfuerzo y trabajo. O aceptaron con un silencio cómplice, a un proceso político autoritario que se vendió como un avance “democrático”. Al ganar varias elecciones, y con el impulso de una economía favorable, la “refundación” del Estado llevó al el control de una institucionalidad que se convirtió en medio para repartir castigos y favores, un terreno siempre fértil para el abuso y la corrupción.

Muchos anticiparon que era un proyecto que en su configuración tenía rasgos antidemocráticos y autoritarios, edificado a partir del debilitamiento de supuestos básicos de una sociedad democrática: independencia de funciones y poderes; la restricción de derechos con la justificación de que la libertad es igualdad de resultados; del intento sistemático de eliminar el pluralismo. Todo con instituciones al servicio de la consolidación del poder estatal, como sucedió con el Constitucional que incluso llegó a atribuirle al Estado derechos.

El hiperpresidencialismo se fortaleció sin balances adecuados, dando paso a nuevas instituciones o viejas con nuevas funciones que, en nombre de la democracia participativa o la eficiencia, debilitaron el control político y administrativo, eliminaron la deliberación, con una Función Judicial controlada gracias a que la creación de una instancia administrativa con características tales que puede interferir en el contenido de decisiones judiciales; y, colocando en las altas cortes (Constitucional y Nacional) personas cercanas al “proyecto”.

La indispensable transformación institucional requeriría de otra constituyente, sin embargo, el tiempo, la economía y las siempre cambiantes condiciones políticas, juegan en contra del nuevo gobierno, por ello el Mandatario debe priorizar aquellas modificaciones que permitirían las condiciones para un cambio más profundo en el futuro y que en el presente tienen una menor cantidad de obstáculos políticos.

Una consulta popular que debería permitir, al menos, la eliminación de la reelección indefinida; reformar, hasta casi desaparecer, al Consejo de Participación Ciudadana; reestructurar el Consejo de la Judicatura, eliminando la competencia que tiene de revisar para sancionar -abusando de la figura del “error inexcusable”-; reforzar la debilitada Contraloría; y, modificar las reglas que limitan la libertad de expresión. Estos serían algunos de los temas considerados irrenunciables.

Si el Presidente quiere tener alguna posibilidad de triunfar, esa consulta debería ser el resultado de un amplio consenso político, un esfuerzo al que deberían sumarse todos los demócratas del país porque ronda el correísmo que se siente “lastimado”, incluso traicionado, en algunos casos por la convicción de que ese es el camino por el que debe transitar el país, en otros por una defensa a ultranza de los privilegios y las condiciones que favorecen la impunidad de los corruptos, y otros simplemente por codicia y vanidad.

Suplementos digitales