La presencia y el comportamiento del sacerdote José Tuárez en la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha provocado una tormenta en el ambiente político y varios organismos están empeñados en la destitución de este conflictivo religioso dominico y de los vocales que lo apoyan en sus iniciativas.
Pese a las advertencias de que no puede reformar o derogar las resoluciones y las designaciones que realizó el Consejo transitorio, que presidió el doctor Julio César Trujillo, el actual organismo conformó una comisión para que revise los procesos de selección y designación de los magistrados de la Corte Constitucional, lo cual ocasionó la reacción de la Asamblea, Gobierno Nacional, Fiscal, Contralor, etc., que anunciaron que tomarán medidas legales para evitar tal despropósito.
Y, como se dice en forma coloquial, el padre Tuárez y sus acólitos se quedaron con los churos hechos, pues, la jueza Irene Paredes aceptó anteayer, jueves, las medidas cautelares solicitadas por el legislador Fabricio Villamar y dejó sin efecto dicha comisión. El mencionado legislador es uno de los proponentes de juicio político en la Asamblea contra el Presidente y tres vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
La Ministra del Interior y Secretaria de Gestión Política, María Paula Romo, manifestó que el Consejo de Participación Ciudadana “no puede echar abajo el proceso de institucionalización democrática que vive el Ecuador. No se puede actuar contra una sentencia expresa de la Corte Constitucional.
Si se pretende desestabilizar el país, tendrá una respuesta política desde el Ejecutivo y desde la Asamblea”, enfatizó.
También dio a conocer que el bloque legislativo de Alianza País ha resuelto apoyar el juicio político contra el Presidente y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y agregó que la resolución incluye el compromiso de continuar el proceso de fiscalización al Consejo Nacional Electoral transitorio, del que formaron parte, la actual presidenta, Diana Atamaint y el vocal José Cabrera. Una de las causas es la serie de irregularidades manifiestas en la calificación de la candidatura de José Tuárez.
Los personeros de las instituciones que analizan las actuaciones del mencionado organismo, tratan de ganar tiempo para tomar decisiones que frenen los desafueros denunciados, con lo que parece que están contados los días de algunos miembros de dicha institución, en especial de su Presidente, que dice que es “perseguido político”.
Al mismo tiempo, se tramita un proyecto que contempla la supresión, mediante enmienda constitucional, de la facultad que tiene el tan cuestionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar las más importantes autoridades del país, aunque también hay el criterio de que se elimine dicha institución.