Aunque la influencia del correismo tiende paulatinamente a disminuir en las esferas del poder (salvo el Consejo de Participación Ciudadana y las cortes de justicia), su impronta todavía se mantiene en muchas instituciones del Estado e incluso en las leyes. Una de ellas es el Consejo Nacional Electoral y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia).
Aunque para algunas agrupaciones políticas les puede resultar beneficioso dejar intacto el Código de la Democracia, hay ciertas reformas que deben incorporarse para mejorar la calidad de la representación política, el sistema de partidos y la calidad de la democracia.
Hay un proyecto de reformas que constan en un Informe para Segundo Debate en la Asamblea. Sin embargo, muchas de éstas fueron planteadas mucho tiempo atrás (por ende extemporáneas), insubstanciales, “cosméticas” y, como es de suponerse, producto de los intereses de una mayoría que controlaba todo.
Al haber un Informe para Segundo Debate se hace difícil que puedan pasar todas las reformas que se requiere. La propuesta hecha por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, es extensa y completa. Sin embargo, habría que determinar qué de ello podría ser tomado en cuenta, junto a otras propuestas que se han presentado en la Mesa de Democracia y Reforma del Estado del Acuerdo Nacional 2030, impulsado por el vicepresidente de la República. En este sentido, lo más práctico sería que en este espacio, donde están representados las funciones del Estado, organizaciones políticas, sociedad civil y academia, se consolide una sola propuesta de reformas al Código de la Democracia.
Hay varios puntos de coincidencia que podrían ser tomados en cuenta: que los distritos vuelvan a ser provinciales; que el método de asignación de escaños no sea el D´Hondt sino el de Webster; que haya disposiciones expresas para fortalecer a los partidos políticos y que la norma no sea tan laxa para la existencia de los movimientos políticos; que la votación sea por listas cerradas y haya la posibilidad de un voto preferente dentro esa lista; que haya sanciones más estrictas para las pre-campañas electorales; que se amplié el límite de gasto electoral; que haya mayores controles para evitar casos como el de “Arroz Verde”; que exista un calendario electoral en todos los comicios; que se creen estímulos políticos y económicos para las alianzas y fusiones; que el registro de afiliados y adherentes sea competencia del CNE; que se revea las funciones del Instituto de la Democracia y cumpla con las atribuciones constitucionales (numeral 13 del Art. 249 de la Constitución) y que el Estado, como dueño del espectro radioeléctrico, no tenga que pagar por la propaganda electoral, evitando así la corrupción que generalmente se genera y el alto nivel de gasto.
Esos son varios de los temas que son importantes y que deberían ser tomados en cuenta en una reforma electoral.