Hacer un ajuste fiscal en este país es difícil. No es imposible, siempre será mejorable, pero es bien, bien complicado.
Veamos datos que revelan cuán complejo es reducir el gasto público. Por cierto, esta información, como mucha información económica relevante, fue publicada hace poco por el Observatorio de Política Fiscal (OPF) y señala que entre fines de 2018 y fines de 2019, los empleados públicos bajaron de 512,080 a 499,004, es decir, se redujo en 13,076 funcionarios. La reducción es, en términos relativos, más bien pequeña, pues representa una caída de 2,6%, lo cual, dada la urgencia de reducir el gasto público, es pequeña. Evidentemente no es pequeña para quienes perdieron sus empleos en el sector público, pero cuando un gobierno está en su décimo primer año consecutivo de déficit, hay que ahorrar en todo lado. Quizás vale aclarar que la información del OPF se refiere al gobierno general, que es la totalidad del sector público, pero sin incluir seguridad social, empresas públicas, municipios y prefecturas. Pero aparte de esas instituciones incluye a todo lo que se entiende como “gobierno”.
La reducción es definitivamente pequeña, pero es, al fin y al cabo, una caída del número de empleados públicos, quizás la primera caída después de una década de incesante crecimiento de la burocracia.
El problema está en que las remuneraciones totales pagadas por el Gobierno subieron de USD 9,953 millones a 9,976 millones, no mucho, 22 millones o 0,2%, pero aumentaron a pesar del esfuerzo y sacrificio que implica sacar a 13 mil empleados públicos.
En otras palabras, se pagó más plata, pero por menos burócratas porque el sueldo promedio aumentó en 3%. ¿Cómo puede darse eso cuando en el sector privado los sueldos no han subido años? Pues muy simple, eso ocurre cuando hay una multitud de mecanismos que aseguran el aumento automático de las remuneraciones de los empleados del gobierno.
Eso ocurre cuando alguien asciende, por ejemplo, de “Servidor Público 3” a “Servidor Público 4” o cuando un Teniente asciende a Capitán. Y esos son mecanismos automáticos, necesarios para que haya “carrera” y profesionalización en el sector público, pero donde los aumentos son muy altos, demasiado generosos, provenientes de normas aprobadas en el pasado y que quizás dieron cierta popularidad a los gobernantes del momento, a los irresponsables gobernantes del momento.
Pero hasta que no se desarme esas normas y privilegios y hasta que no se piense en reducir los salarios del sector público, mucho del sacrifico humano será inútil. En el sector público, al igual que en el país, hay un grupo cada vez más pequeño y mejor pagado y otro cada vez más grande y desempleado.