¿Justicia más rápida?

Difícil con el sistema legal actual. El trámite de los casos sometidos a la justicia son lentos, embrollados y plenos de incidentes. El mismo fenómeno afecta a la justicia penal.

Recordemos dos casos: uno, la investigación sobre los actos corruptos que, desde Brasil con Odebrecht, consumaron en nuestro país. Cambió la administración en Ecuador y la Fiscal Encargada ha buscado esos documentos con indicios y no los encuentra: no los han agregado al proceso. Por ello, la más alta Autoridad de la Fiscalía, acompañada del Procurador General del Estado y otros, viajan a Brasil para gestionar la nueva entrega de aquellos documentos e informaciones, a fin de que la investigación pueda proseguir. Todo esto demandará tiempo adicional e impedirá el progreso de la causa.

Otro caso: el alevoso asesinato al Comandante General de la Fuerza Aérea, señor Gral. Jorge Gabela, que se opuso a la compra de los helicópteros Dhruv. La pieza clave en este proceso es el peritaje del técnico argentino señor Meza quien, ha entregado el informe, en el cual ha mencionado nombres y apellidos de presuntos autores intelectuales.

Al cabo de años, el informe pericial aparece cambiado. De los ministros que lo recibieron y conocieron, ninguno recuerda nombres de los implicados.

Según la ley penal vigente, investigar la denuncia puede demorar un año, pero el plazo debe prolongarse según ciertas circunstancias. Esta fase de investigación es “reservada”.

Finalizado este periodo, viene uno llamado de Instrucción. Otro, de Evaluación y Preparatoria de Juicio; y uno más, el juicio en sí mismo. En el trámite pueden producirse más demoras por una serie de recursos como la aclaración, la ampliación y la revocatoria; y otros, adicionales: apelación, casación, recurso de revisión y recurso de hecho.

Siguiendo el largo curso del proceso, el juez penal (no el fiscal) puede ordenar la prisión preventiva del enjuiciado. Pero otra vez, éste se halla en capacidad de obtener ventajas adicionales que demoran el trámite. Dictada la prisión preventiva, es posible ser reemplazada con el “arresto domiciliario”. Y si está en la prisión, esta medida cautelar permite que salga en libertad, pero no ausentarse del país, o presentarse ante el juez constantemente; y, lo más moderno, permitir la libertad si se coloca un grillete que registre su estancia en todo momento. Pero ni esto es seguro: acabamos de ver cómo don Fernando Alvarado, se despojó del grillete y se fue del país. Es uno de los tantos casos de la tan mencionada “transparencia”. En el caso de don Fernando, por ser transparente nadie le ha visto ausentarse: es más transparente que el aire que respiramos.

No nos hagamos muchas ilusiones respecto a un pronto castigo a los incursos en la corrupción motivo de los procesos penales actuales: la maraña legal favorece.