Miguel Rivadeneira

Hora de la responsabilidad

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Lunes 07 de enero 2019

Con el inicio del nuevo año, la responsabilidad recae en todos los sectores y ciudadanos del país para corregir las grandes distorsiones heredadas del manejo abusivo, irresponsable y corrupto de los recursos públicos, de casi una mafia, como se ha calificado por los hechos puestos al descubierto, que armó una estructura institucional para flexibilizar los controles y facilitar el cometimiento de irregularidades.

Lo que hace falta es mayor diligencia y acción de los organismos de control (salvo la Contraloría de hoy), de la administración de justicia, de la Fiscalía General, que es donde se inician o se archivan las investigaciones pre procesales y procesales penales. Sin eso no se puede avanzar.

Los casos sobran y no se puede mirar con impavidez cómo sigue reinando la impunidad y la ninguna recuperación del dinero. Qué pasó con tanto caso en donde se detectaron serios indicios de responsabilidad penal, de delincuencia organizada, que llevan a indagar hechos de concusión, cohecho, peculado, testaferrismo, lavado de activos e incluso se habla de dineros calientes del narcotráfico.

El problema no solo ha estado en el sector petrolero, aunque también lo es, sino en las grandes obras hidroeléctricas. Acaso quieren que nos olvidemos de los casos de las grandes centrales, entre ellas la más grande Coca -Codo Sinclair. Los casos Manduriacu y Caminosca, cuyos presuntos responsables están tranquilos con la indiferencia de los operadores de justicia, mientras el ex vicepresidente preso en Latacunga no tiene otros cargos que el de asociación ilícita aunque la propia sentencia que le condenó a seis años de cárcel determinó que se investigue los otros casos. Ha pasado más de un año y nada.

En medio de estas urgencias y la crisis económica heredada del prófugo en Bélgica que ha obligado a tomar medidas económicas inevitables, no se puede buscar el caos y la desestabilización desde sectores que solo buscan que les atiendan sus demandas pero no se comprometen a mejorar los servicios o respetar la Ley, como es el caso del sector del transporte público.

Es hora de la responsabilidad y de cambiar el viejo discurso político que solo se opone y que no propone alternativas y soluciones viables y pragmáticas frente a la realidad actual. Existe el derecho constitucional a la protesta pero debe ir acompañado con propuestas y que no afecte al resto de ecuatorianos ni altere el orden público.

No es posible que los dirigentes del transporte amenacen con bloquear la libre circulación en demanda de la no aprobación de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre o contra la competencia de las plataformas tecnológicas que sirven mejor, porque no les gusta someterse a los controles, que incluso deben ser más rigurosos cuando ponen en riesgo la vida de seres humanos.