Milton Luna

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Sábado 04 de noviembre 2017

El fogueado ministro de educación, acogió la idea ciudadana de entregar gratuitamente textos escolares. Con ello se mejoraría el acceso y la calidad de la educación. Por esta y otras iniciativas, el alto funcionario fue ratificado por el recién electo presidente de la ínsula petrolera.

Se realizó un informe fundamentado sobre los textos. Trabajaron en él, de manera voluntaria, no menos de 25 académicos de varias universidades, y pedagogas de ONG educativas. Su evaluación fue contundente. Los libros desactualizados contenían muchos errores de concepto y didáctica, que afectarían los aprendizajes de los niños y niñas. Se recomendaba no entregarlos. Los poseedores del informe, tenían una bomba bajo el brazo, en momentos en que emergía el reino del mesías, por allá 2007-2008. “Si el presi se entera de esto, arde Troya”, decían asustados los inquilinos de Carondelet. Y el documento se paseó sin éxito de oficina en oficina. Prominentes burócratas, y militantes, al final del día se hicieron los locos.

El temido informe llegó a manos del líder, y no pasó nada. Los niños de la ínsula recibieron gratis los cuestionados textos. El ministro había apostado fuerte. Sabía la lógica del poder. No importaban los cientos de miles de estudiantes. Importaban los millones de votos, de los padres agradecidos, a favor del redentor, cuya imagen crecía como la espuma. Conclusión: la política educativa estaba al servicio de la política de los votos, que se quedaría firme durante los próximos 10 años. El gobierno entendió el efecto narcótico, a nivel nacional e internacional, de una generosa propaganda política basada en la educación. En la práctica, no hubo mejoras educativas sino publicidad.

Los siguientes ministros, con menos sutileza y más tontería, continuaron la estrategia de más politiquería y menos educación. Clientelismo, puestos a favor de los “cuadros” del nuevo gremio docente y silencio de las malas mañas de algunos de ellos.

¿Cero procesos contra los violadores, para no afectar la imagen del gobierno?

El ex ministro tiene que ir a juicio político por toda su gestión: violadores presuntamente no juzgados, docentes muertos sin jubilación y cierre de escuelas. Otro juicio para el máster Ramírez, por Yachay, Ykiam y la fracasada reforma universitaria. Quedan pendientes actores de segundo orden en el fraude a la educación. La Senescyt, Augusto Barrera, deberían abrir procesos contra los académicos de la Espol que avalaron el plagio del Vicepresidente. Los rectores del 90% de universidades deben pedir disculpas por su actitud permisiva mientras se desquiciaba al sistema; también las agencias de cooperación, que con miedo u oportunismo sirvieron de altoparlantes de la propaganda oficial sobre los “éxitos educativos” (“país libre de analfabetismo”). La lista sigue…