Muchos festejan el informe de los eventos de octubre, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideran una victoria, una confirmación de su versión de los hechos; mientras otros lo consideran sesgado, parcializado e incompleto. Quienes hacen esto entresacan datos, se sienten triunfadores en esta etapa post protesta, donde se construyen relatos que los que se presentan esos días como una heroica página de lucha y resistencia popular o como actos inaceptables de violencia -que rayan en lo delincuencial-.
Llama la atención ciertas inconsistencias entre los hechos relatados y sus conclusiones y recomendaciones; no siempre se compadece con lo descrito y, a momentos -como algunos críticos señalan-, describe con detalle los abusos atribuibles al Estado, se detalla lo sucedido, lo humaniza y los da por ciertos; en cambio, cuando se refiere a hechos de violencia o excesos cometidos por particulares, estos son mencionados de forma general y apenas se detienen en ellos, perdiendo en la generalización la fuerza del relato. Se presenta muchos de esos hechos como aislados y no menciona los intentos golpistas de quienes trataron de aprovechar ese contexto para derrocar al régimen.
Del informe se puede afirmar que no todas las protestas y los que protestaban eran violentos o golpistas y que tampoco todas las actuaciones estatales fueron abusivas. El informe de la CIDH tampoco recoge lo favorable al Estado como el papel -de muchos- jueces y juezas que cumplieron a cabalidad su rol de control de las detenciones o el papel de la Defensoría del Pueblo en esos difíciles días.
Entre las muchas obligaciones del Estado, hay una que debe ser considerada fundamental, la necesidad de desarrollar una investigación seria, imparcial que permita determinar las responsabilidades penales y administrativas de los agentes estatales abusivos, pero también de los particulares que excedieron los límites del derecho a la protesta y, en nombre de ese derecho, realizaron acciones claramente delincuenciales, en algunos casos con fines golpistas.
La ciudadanía merece conocer la verdad, saber qué pasó en cada una de las once muertes reportadas, con los heridos y en las acciones abusivas cometidas por agentes estatales.
También nos merecemos saber qué pasó en la quema de la Contraloría, que se identifique, juzgue y condene a los responsables de la destrucción de bienes y servicios públicos, de los ataques a medios de comunicación, de las “retenciones” a militares, policías y periodistas o de quienes destruyeron la propiedad privada. El informe debe ser leído como un todo, no es ético usarlo parcialmente para justificar acciones de quienes buscan sacar provecho de todo, especialmente de aquellos actores políticos que de forma consistente buscan promover sus mezquinos proyectos políticos, ajenos al dolor por los muertos, por los heridos, por todos los que sufrieron abusos, a ellos parece no importarles el país.