Milagros Aguirre

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Jueves 11 de julio 2019

No solo es el Decreto 751 el que demuestra, una vez más, que el país carece de políticas de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y que no le interesa en lo más mínimo. El decreto es una de las gotas que derraman el vaso de la desidia y el quemeimportismo estatal. Otra gota, la apelación del Ministerio del Ambiente a la demanda de los waorani de Pastaza a quienes, pruebas al canto, no se les consultó de manera libre e informada sobre la explotación petrolera en su territorio.

A eso se suma que la Dirección de Protección de Pueblos en Aislamiento, con pomposas e impronunciables siglas, Dppiav, no es más que una nadería a la que han refundido en el último rincón de la burocracia convertida en jirones. Del enorme presupuesto asignado cuando esta oficina era un Plan de Medidas Cautelares (2008) en el MAE, cuyo coordinador tuvo que renunciar apenas le hincó el diente en la industria petrolera, a unos pocos funcionarios hoy, que pasarán sin pena ni gloria a un despacho en la Subsecretaría de Interculturalidad. Si ya estaban mal, con recursos mermados hasta la vergüenza, hoy ya es insostenible. En los últimos años esa dirección tuvo que pedir cosas básicas como combustible, aceite de ligar y hasta comida, a las petroleras y a las oenegés que trabajan en la zona y que estuvieron dispuestas a darles una mano para tareas mínimas de monitoreo o prevención. Tuvieron que pedir ayuda incluso a los propios waorani, para una minga para hacer unas casas que eran su responsabilidad, que no se terminan y con las que la comunidad de Boanamo se siente estafada en su derecho de reparación por la muerte, a lanzas, de uno de los suyos: Caiga Baihua, ocurrida hace tres años.

Ni siquiera es ya un tema de recursos. Tampoco es asunto de cambiar mapas en el Yasuní. Es un tema de voluntad y de decisión que no hay, para cumplir con los principios rectores de esa política: precaución, reparación, pro-homine, no contacto. Crearon instituciones y gastaron recursos para cubrirse frente a la CIDH que reclamaba a Ecuador medidas, pero sin el convencimiento de proteger a quienes están en la selva sitiados, desplazados.

Hay maneras de proteger a esos pueblos pero nada de eso está en las agendas del Estado: preparar gente, invertir en el pueblo waorani, en los kichwas del Napo y Curaray, mejorando sus condiciones de vida; crear corredores compartidos, controlar el madereo y otras ilegalidades, crear protocolos junto a las comunidades, dejar de sobrevolar sobre sus casas, apagar los mecheros, dejar de hacer carreteras selva adentro y respetar las iniciativas de a aquellos grupos que dicen “dejen vivir”. Pero nada se está haciendo porque la política de protección, no existe. Estos grupos seguirán en la indefensión hasta desaparecer y a nadie le dará ni pena.