Daniela Salazar

“Se embarazan”

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Lunes 01 de octubre 2018

Una de las mayores deudas del gobierno anterior es su incapacidad de reducir la tasa de embarazo adolescente. Según estadísticas oficiales, sólo en 2016 se registraron más de 53.000 embarazos de adolescentes en Ecuador. En 2.100 de esos casos, las niñas embarazadas tenían menos de 14 años.

Las cifras también muestran que 9 de cada 10 niñas de entre 10 y 14 años tuvieron su primer contacto sexual con personas mayores a ellas, en muchos casos hombres de 30 o más años.

Lo que es más doloroso: la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género señala que la mayoría de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes son perpetrados en la esfera familiar y en el entorno cercano.

Según nuestra legislación, tener relaciones sexuales con niñas menores de catorce años constituye violación, aunque el sistema del Ministerio de Salud no siempre registre esos embarazos como violaciones, las denuncias no se presenten ante la Fiscalía, y los pocos casos denunciados no terminen en condenas.

Desde 2009 hasta 2016, 17.448 niñas menores de catorce años parieron en el país, es decir, fueron violadas.

Entre otros efectos perversos asociados al embarazo adolescente se encuentra la deserción escolar. El Ministerio de Educación reporta que sólo en 2015 alrededor de 6.487 niñas abandonaron sus estudios a causa del embarazo.

El embarazo adolescente afecta desproporcionadamente a las niñas más pobres. Ante esto, los Ministerios de Educación y Salud expidieron una Política de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes. Si bien se trata de un esfuerzo loable, es imprescindible que el lenguaje que se utiliza en esta campaña no invisibilice el problema.

En el lanzamiento de la campaña se repitió varias veces que las niñas “se embarazan”. Hablemos con propiedad, las niñas no se embarazan a sí mismas. El embarazo de una niña menor de 14 años es producto de la violencia sexual en su contra, no de su consentimiento. A las niñas las violan.

Como si esto no fuera suficientemente perverso, a esas niñas violadas el sistema las obliga a parir. Los organismos internacionales de derechos humanos han recomendado al Estado garantizar que las niñas tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto terapéutico, y considerar la despenalización del aborto, prestando especial atención a la edad de las niñas embarazadas y a los casos de incesto y violencia sexual. En 2016, la Defensoría Pública presentó una propuesta de reforma al COIP para despenalizar el aborto en casos de violación.

La propuesta aún no ha sido tratada por la Asamblea y las recomendaciones internacionales no han sido escuchadas. Mientras los esfuerzos sigan enfocados en las niñas como únicas responsables del embarazo adolescente, sin atacar las verdaderas causas, seguiremos en deuda frente a niñas que no desean ser madres.