José Ayala Lasso

Correa, sindicado y prófugo

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Sábado 10 de noviembre 2018

En el campo teórico, ningún ciudadano consciente debería sentirse contento cuando un ex presidente de su país es llamado a juicio por sospechas que lo acusan del cometimiento de actos delictivos. Tal situación debería, por el contrario, apenarlo al verificar cómo la conducta de tal persona puede afectar la reputación de su país, herir la consciencia nacional y hacer sentir a todos la vergüenza ajena que, de alguna manera, les resulta propia.

Pero lo ocurrido el miércoles pasado, cuando una jueza, inspirada en el respeto de los valores propios de la “dignitas” republicana, resolvió llamar a juicio al ex presidente Correa por su presunta participación en el secuestro del diputado Balda, ha permitido que el Ecuador entero respire con una sensación de alivio al ver contradicho su escepticismo sobre la eficacia e imparcialidad de la justicia. Con bombos y platillos se ha proclamado la necesidad de combatir la corrupción y llevar a la cárcel a los responsables, pero parcos, demasiado parcos, son los resultados alcanzados, tan tenues que inducen a la duda. Pocos creen aún en la justicia.

La decisión judicial que comentamos ha insuflado un poco de optimismo en la ciudadanía. La errada convicción de Correa que se consideraba más allá del bien y del mal le está pasando la factura. Su prepotencia fue tanta que el pueblo llegó a dudar que la justicia pudiera alcanzarlo. En tal sentido, la decisión judicial sorprende y estimula. La jueza no podía pasar por alto tanto indicio de responsabilidad, no podía desconocer los documentos exhibidos y las declaraciones de los autores materiales que inculpan a Correa. La jueza ha procedido como debe proceder la justicia, y la ciudadanía siente que su clamor ha sido escuchado.

Los serviciales secuaces de Correa, que días atrás llamaron a incendiar con protestas las calles de la ciudad y las carreteras del país, deben estar viendo con terror que el círculo de la justicia empieza a cerrarse alrededor de los culpables de tanto desafuero. No faltarán quienes denuncien una “persecución política” y anuncien que recurrirán a los organismos de derechos humanos cuya desaparición ayer propiciaron.
Cerrando los ojos ante influencias extrañas a la ley y manteniendo en ético e imparcial equilibrio la balanza, la jueza ha procedido bien y la ciudadanía así lo ha percibido.

Es lamentable que el Ecuador tenga ya un vicepresidente vistiendo el uniforme naranja de la cárcel y lo será más cuando un presidente pueda verse, hipotéticamente, conviviendo con su binomio en Latacunga. Pero si la imparcialidad de la justicia así lo determina, eso será justo y es necesario.

Que este penoso episodio, que debe ser ejemplar por la severidad y firmeza para aplicar la ley, sirva de advertencia para que nunca más el pueblo propicie el nacimiento político de nuevos Correas que echen sombra a la historia de la nación.