Todos los estudios coinciden que la principal preocupación social en este momento es la inseguridad. La respuesta del régimen de Lasso ha venido de la mano de un estado de excepción focalizado, reformas legislativas, un llamado a la acción de los gobiernos locales y ahora, un pedido a Estados Unidos de un “Plan Colombia” para el Ecuador, pedido que demuestra el poco o ningún conocimiento de los enormes costos sociales, económicos, políticos, además de las graves violaciones a los derechos humanos que este significó para Colombia.
Pastrana, en el año 1999, frente a la violencia que vivía ese país, por la presencia de grupos irregulares, narcotráfico y paramilitares, hace una propuesta que incluía varias líneas: pacificación, por el conflicto armado; cambios institucionales, particularmente una reforma judicial; medidas económicas; y, una política antinarcóticos, que incluía enfrentar otras formas de inseguridad.
Las evaluaciones del “Plan Colombia” dan cuenta de algunos éxitos: mejora de la seguridad, incremento del control territorial por parte del Estado; cambios en la institucionalidad; alguna mejora en la economía; pero, en términos generales, la inmensa inversión financiera y los altos costos humanos no tuvieron un correlato en los resultados; la información disponible da cuenta crecimiento de otros problemas sociales, graves violaciones a los derechos humanos, migración forzada y el surgimiento de nuevas formas de inseguridad.
Pedir un “Plan Ecuador”, así, sin más, es un error. No se trata de negar la necesidad de un plan global contra la inseguridad o un rechazo a la cooperación internacional; la crítica no tiene relación con un nacionalismo bobo, lo que debe preocuparnos es la aparente incomprensión de la naturaleza de la crisis actual que lleva a confundir y tratar como iguales a la delincuencia común y delincuencia organizada, y que piensen en una estrategia más cercana a una guerra que empeorará la actual situación.