Mauricio Pozo Crespo

Sabor agridulce

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Sábado 19 de octubre 2019

No recuerdo haber visto en el país lo acontecido en los días de la paralización y protesta por las medidas económicas adoptadas por el Gobierno. Me duele el corazón recordar la violencia en las calles, la destrucción de la propiedad privada y pública, las agresiones a peatones y periodistas, la invasión delincuencial a edificios públicos y medios de comunicación, la arremetida contra ambulancias, policías, militares y bomberos. Una guerra campal que tuvo su epicentro Quito, capital del Ecuador, sin líderes que la defiendan, que protejan el patrimonio nacional y mundial como es su centro histórico. Ciudad sitiada y aislada por tierra y por aire y con problemas de abastecimiento de productos básicos. Un total caos.

El sector indígena tiene todo el derecho a protestar y estar en desacuerdo con las decisiones del Gobierno como lo tiene el resto de la sociedad. Sin embargo, lo sucedido no puede ser considerado como un acto democrático y de libertad, se convirtió en pocas horas en un movimiento vandálico que atentaba contra la seguridad nacional, la paz ciudadana y la propiedad privada y pública, con claras manifestaciones dirigidas a derrocar al Gobierno. Sin duda se enancaron en la protesta indígena grupos subversivos nacionales e internacionales con claros propósitos de sembrar el caos, pescar a río revuelto y provocar el retorno de un ex presidente de ingrata recordación. Intereses que perseguían a que la nación vuelva a ser parte del funesto Foro de Sao Paulo que destruyó Venezuela.

Gratificante ya poder transitar y movilizarse y retornar al trabajo diario. Esa la parte dulce del suceso. Sin embargo, el monstruo solo está descansando. Los delincuentes están recuperando fuerzas preparándose para actuar nuevamente ante la menor excusa que consideren de las acciones futuras por parte del Gobierno. El poder público debe identificar a actores materiales e intelectuales de esta barbarie y someterlos a la justicia con todo el rigor de la ley. Sean nacionales o extranjeros, indígenas o mestizos, deben estar donde les corresponde, tras las rejas.

Queda un Gobierno debilitado, que probablemente instrumente un manejo económico tibio que no genere mayor reacción adversa. Se posterga el crecimiento, se alarga el estancamiento y la recesión y la deuda será la válvula de escape para cubrir las necesidades fiscales derivadas de la resistencia para que se haga lo que el país necesitaba donde todos, indígenas y el resto, nos íbamos a beneficiar. Igualmente hay un liderazgo indígena muy mal asesorado, que no escucha ni quiere entender la lógica y la racionalidad de una política económica responsable. ¿Una minoría altera el rumbo que debe seguir un país? El progreso económico y social se difiere. Esto es lo agrio. A pesar de todo, debemos seguir trabajando, produciendo y tratando de aminorar el costo de esta realidad.