Hay molestia entre los críticos del anterior gobierno por la doblez de varios de sus personajes frente a los derechos individuales y colectivos. Y esa irritación se entiende.
Quienes irrespetaron sistemáticamente los derechos y armaron un blindaje institucional para cerrar el paso a cualquier individuo u organización que no se alineara o no les diera más poder, ahora se declaran víctimas ante cualquier acción que los perjudique. No solo eso: acuden o amenazan con acudir a instancias a las que atacaron abiertamente.
Apenas se sintieron amenazados por los duros efectos que iba a tener la aplicación de la respuesta afirmativa a la tercera pregunta de la consulta popular de febrero último, dos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El organismo aceptó el caso y éste pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde finalmente fue denegado. En julio, un grupo de asambleístas la Revolución Ciudadana fue a Washington para denunciar que se había denegado justicia a su grupo porque no pudo inscribir un movimiento para las elecciones seccionales de 2019.
En la Comisión les sugirieron que pidan medidas cautelares y este grupo prepara la demanda, pero aún no la ha presentado. Pero el gran problema es que los cambios al reglamento de ese organismo que impulsó el gobierno de Correa ahora les juegan en contra. Lo hace notar con todo el peso de su conocimiento jurídico Catalina Botero, quien sufrió en carne propia los embates del correísmo al haberle tocado en suerte ser la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión nada menos que entre 2008 y 2014.
Más allá de la molestia de los anticorreístas y de las ironías de la política, lo importante es que estos personajes que se creyeron más allá del bien y del mal y que de verdad iban a tener un puesto vitalicio en la política nacional en pago a su lealtad al caudillo, ahora reconocen la validez de esas instancias que se dedicaron a atacar y a destruir con todos sus recursos.
Es bueno, también, que el Presidente venezolano, acicateado por las circunstancias y por la avalancha de críticas a escala regional y mundial, finalmente haya ido a la Asamblea de las Naciones Unidas, y que considere que su presencia fue un éxito. El Consejo de Derechos Humanos de ese organismo aprobó, con el voto del Ecuador, una resolución en la que pide a Maduro aceptar la ayuda humanitaria frente a la escasez de alimentos y medicamentos que ha provocado el mayor éxodo del que se tenga memoria en la región.
Quienes afirmaban y practicaban que el derecho colectivo estaba por encima de los individuos, hoy aprenden en cabeza propia que esos organismos son válidos. Y esa mala noticia para ellos es buena para el resto.