Francisco Rosales Ramos

In-seguridad social

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Miércoles 21 de noviembre 2018

Con la arrogancia, incapacidad y deshonestidad propias del gobierno del caudillo que condujo al país entre 2007 y 2017, se dio un golpe brutal a la subsistencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se suprimió la aportación del Estado a las pensiones jubilares, a título de que el IESS tenía exceso de liquidez y que -con cinismo que irrita- se establecía en la reforma legal la obligación del Estado de aportar en el futuro, no solo el 40%, sino el porcentaje que fuese del caso, inclusive el 100% de las pensiones jubilares. Como se ha comprobado a lo largo de la historia, la ley puede ordenar cualquier pago o aporte, pero otra cosa es que haya posibilidades de cumplir. Por tanto, si la situación fiscal que dejó el correísmo es tal que el ministro de Finanzas tiene que hacer malabares para pagar los sueldos a la administración pública, y la reserva monetaria no cubre las obligaciones más inmediatas del Banco Central ¿de dónde habría fondos para asumir el pago de las pensiones jubilares? Pero claro, la demagogia, el populismo y la corrupción exigían dinero para gastar en obras de relumbrón y alimentar los bolsillos, y dejar que otro gobierno afronte la debacle de la seguridad social.

Según un excelente análisis publicado por María Belén Arroyo en Vistazo de 2018.10.31, la eliminación del aporte estatal a las jubilaciones decretado en 2015, produjo una reducción de la reserva acumulada por el IESS que hasta esa fecha era de 9 678 millones de dólares, a 7 850 millones en 2018. Esta reserva debía haber superado los 12 000 millones de dólares en este año. Los conceptos de actuarios y técnicos incluidos en el propio análisis, señalan que para revertir la situación del IESS será necesario: aumentar la edad de jubilación, incrementar los aportes, recobrar el depósito de los fondos de reserva en el IESS y revisar el destino de los aportes para jubilaciones que hoy se utilizan ilegalmente en otros servicios del IESS.

El país está atontado ante la catarata de fraudes, desvío de fondos, enriquecimiento injustificado, secuestros, asesinatos y otros crímenes de igual calaña cometidos por el régimen de Correa en sus largos 10 años de ejercicio autocrático. La ciudadanía aparece abrumada por estos hechos sin precedentes en la historia nacional. Lejos están las épocas en que las calles se llenaban de personas que exigían investigación y sanción ejemplar para los responsables. El atentado contra el IESS, que podría llevar a su virtual quiebra y a gravísimas consecuencias sociales, cuando los jubilados no puedan recibir sus pensiones, no ha calado en la conciencia ciudadana. Si los innumerables y escandalosos hechos de corrupción merecen sanciones drásticas, atentar contra la estabilidad financiera del IESS merece sanciones aún más enérgicas, porque compromete la paz social y hasta la propia subsistencia del Estado ecuatoriano.