Farith Simon

Poner en riesgo todo

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Lunes 29 de abril 2019

El voto por la cesación de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Cpccs), la conformación de uno de transición por designación directa, con facultades excepcionales que les permitía evaluar a funcionarios y jueces, removerlos en caso de considerarlo necesario y designar a otros, fue un acto de confianza, una apuesta por el “mal menor” en la búsqueda de reinstitucionalizar al país.

Las facultades del Cpccs transitorio, al estar derivadas de un mandato popular, estaban legitimadas de inicio de forma democrática, una legitimidad a la que se sumaba una social y política debido a la designación de consejeros con un prestigio personal y profesional, entre los que resaltaba Julio César Trujillo, un referente intelectual y ético.

Con un importante respaldo inicial, cada una de sus acciones debían avalarse a partir de la corrección, la transparencia y la legalidad de su acción, unos porque veían cómo se perdía su poder y control sobre las instituciones, otros por una legítima responsabilidad y preocupación democrática.

De forma legítima el Cpccs transitorio ha estado bajo un intenso escrutinio público y crítica permanente, el gran poder que recibió implicaba una responsabilidad política más alta de la ordinaria, la credibilidad de sus acciones ha estado en constante entredicho. Mantener la credibilidad en su acción es crucial para asegurar la legitimidad.

Particularmente compleja para el Cpccs transitorio ha sido la designación de autoridades, si bien cuando escogía de candidatos presentados por el Presidente de la República o por otras instituciones o funciones del Estado su responsabilidad era menor y compartida debido a que su decisión estaba limitada por los nombres propuestos por terceros, incluso con el poder de devolver las ternas siempre estaba circunscrito a la iniciativa de otros, pero en el caso de los concursos públicos su responsabilidad era directa y exclusiva y estos son los que mayores críticas han generado. Creo que en la mayoría de los casos el Consejo ha elegido la mejor opción entre los candidatos. Sin embargo la selección de Defensor Público ha sido especialmente criticada, incluso llevando a la renuncia de la Comisión responsable de todo el concurso, expresando públicamente su desacuerdo con algunas decisiones del pleno del Cpccs transitorio.

En el Consejo deben recordar que está en juego la credibilidad de todos los procesos a su cargo. La única forma de enfrentar el momento es la transparencia y la claridad de las respuestas a las acusaciones de que han violado su propio mandato en función -dicen- de favorecer a un candidato. La confianza de la transición se pone en juego cada vez, y si no se aclaran satisfactoriamente las dudas en sus actuaciones esto podría usarse para desconocer todas sus designaciones, una factura muy alta para el Cpccs transitorio y el objetivo de reinstitucionalización del país. La credibilidad tiene un límite, incluso la del doctor Trujillo.