Con ese informe vergonzoso, sesgado, sin sustentos ni pruebas ni debate alguno, se demuestra la farsa en el tratamiento (sin investigación) del caso Pandora Papers en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea.
No solo que no aporta nada sino que además resulta una afrenta por las faltas de ortografía y el maltrato al idioma de un informe que evidencia que se presentó al apuro y que resulta sospechoso que en tan poco tiempo haya elaborado este mamotreto de más de 240 páginas el ponente de Pachakutik, aliado del correísmo. ¿Quién le dio haciendo y le entregó para que presente?
Esta situación irregular llevó a que dos vocales de la comisión y miembros de Pachakutik se hayan sentido defraudados y engañados de su compañero y por ello cuestionaron públicamente dos aspectos fundamentales y graves: el primero que fue alterado el documento luego de ser aprobado sin debate y el segundo que nunca les entregaron ningún respaldo del informe.
Denunciaron que el documento fue alterado minutos antes de ser aprobado. “Miro que a último segundo cambian dos situaciones que no debieron haber cambiado y por lo que se acordó en un primer momento por el que íbamos a votar los cuatro compañeros del movimiento Pachakutik”, señaló uno de ellos. Expresó su desacuerdo porque se haya incluido entre las conclusiones la figura de “conmoción social”. “No había una justificación y a último segundo lo incluyó el Presidente de la Comisión”. Muy grave.
También rechazaron que su coideario presidente de la Comisión sometiera a votación esta resolución, sin un debate y que no diera paso al pedido para que se aprobara punto por punto cada una de las recomendaciones. Se diría que a confesión de parte de dos miembros de la comisión, relevo de prueba.
Los asambleístas del bloque correísta, aliados con una parte de Pachakutik, han quedado al descubierto y de cuerpo entero lo que pretenden hacer: desestabilizar no solo al Presidente de turno, que debe responder por sus actos, sino al país.
La denuncia de los dos asambleístas refleja lo tramposo del informe e incluso se presenta en la Fiscalía una denuncia por supuesta falsificación ideológica, delito penal que es sancionado por el Código Penal (art 328) con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años para quien falsifique o adultere documentos públicos.
En la nefasta década del gobierno correísta se denunciaron casos de adulteración de documentos públicos (que quedaron en la impunidad) entre lo aprobado y luego lo presentado (la Constitución de Montecristi) e incluso sentencias redactadas y entregadas desde afuera a jueces para que emitan sus pronunciamientos (caso diario El Universo). Es decir, no solo se evidencia acciones de corrupción (por ello fueron sentenciados algunos de sus exponentes en el caso Sobornos) sino actuaciones tramposas.