A propósito del próximo proceso de evaluación y acreditación de la carrera de Derecho debemos abrir un debate nacional de lo que esperamos, como sociedad, de la formación que ofrecemos a los futuros abogados y abogadas. Un tema no menor si consideramos el impacto social que tiene la profesión legal, algo evidente incluso con un análisis reduccionista que centre su preocupación únicamente en el funcionamiento de la administración de justicia, terreno en el que los profesionales del Derecho ejercen un monopolio; o en el proceso de elaboración de las normas jurídicas, donde tienen un papel relevante; esto sin perder de vista que la hiperregulación expone a un mayor número de personas a sufrir daños por una mala asesoría o representación legal.
Durante mucho tiempo, y seguro eso no ha cambiado en varias facultades y escuelas de Derecho, la enseñanza legal giraba en torno a los textos legales: la estructura curricular y los programas de clases han privilegiado la transmisión del contenido de las normas; por ello, el método de enseñanza por antonomasia eran las conferencias magistrales priorizando la información por sobre la formación.
Los estudiantes, en su mayoría, dedicaban un tiempo marginal a su educación con la expectativa de que la experiencia llene las carencias dejadas por la enseñanza universitaria, algo que no podía cubrir sus vacíos teóricos, convirtiéndolos en reproductores acríticos de las prácticas y de los formalismos más aberrantes.
Profesores que dedicaban unas pocas horas al día a la enseñanza, casi todos provenientes del libre ejercicio de la profesión o de la administración de justicia. Deficiente infraestructura, limitada o nula investigación. Un panorama sombrío con notables excepciones.
Los muchos cambios legales sufridos en los últimos años no solo han transformado los textos normativos, incluso buscan modificar la concepción de la sociedad y del derecho, además de las transformaciones obvias que esto ha traído a la práctica profesional.
No debemos olvidar que el Derecho tiene relación directa con el ejercicio del poder (en realidad de toda clase de poderes). Por ello, se requiere que en la formación se fomente un sentido crítico que promueva el emprendimiento; que asegure el manejo de las destrezas necesarias para ejercer su profesión en el ámbito que elijan; que fomente la capacidad para innovar, analizar, argumentar, investigar, transformar; con un sólido compromiso con los aspectos éticos de la profesión y, especialmente, con la vigencia de los derechos y de las libertades.
Debe reconocerse que las recientes transformaciones de la universidad han tenido un impacto importante en todos los ámbitos de la vida académica, pero es necesario encarar esta evaluación desde las particularidades de la enseñanza-aprendizaje de la profesión legal, sin permitir la imposición de concepciones sobre el Derecho, el poder, el Estado, la sociedad y la política.