Las “irregularidades” reveladas por el Consejo de la Judicatura -CJ- en el conocimiento y trámite de los recursos interpuestos por el alcalde Yunda para agarrarse con uñas, pies y manos a la alcaldía, confirman que en la administración de justicia permanece la corrupción. No todos los jueces son corruptos, pero estos casos no son aislados. Hace pocas semanas se denunciaron situaciones similares en los juzgados de Guayaquil, que desembocaron en destituciones y denuncias ante la Fiscalía; pero la corrupción, en la que participan abogados, jueces y curiales, continúa haciendo de las suyas.
Ahora el Consejo de la Judicatura, ante los vergonzosos recursos y acciones promovidos por el exalcalde, en contubernio con jueces y auxiliares, pretende desvincularse del deterioro de la administración de justicia, cuando su primera responsabilidad es asegurar que no se manipule el sorteo de las causas para que lleguen al juez con quien se ha arreglado su intervención. El sorteo de la jueza Domínguez para que conozca del caso, según el propio CJ, fue consecuencia de la manipulación del procedimiento, porque los interesados aseguraron decisión favorable, ya que, acuerdos de por medio, la jueza había manifestado su censura a la posible destitución del alcalde porque “14 personas no pueden desconocer la votación del 21% de los electores que votaron por Yunda”.
Solamente cuando el juez Soto, también corresponsable del maltrato a Quito, otorgó medidas cautelares a favor del alcalde para que no se ejecute su remoción hasta que la Corte Provincial resuelva sobre la apelación a la decisión de la jueza Domínguez, el CJ denunció los manejos obscuros en sus propias dependencias, a los que caritativamente llamó “supuestas irregularidades”. Los dos son claros casos de abuso del derecho que deben ser castigados.
Es evidente que estas maniobras del alcalde para dilatar su salida -puesto que su remoción ción no podrá ser revocada- solamente son posibles con una administración de justicia que admite arreglos y chanchullos para asegurar que el caso recaiga en el juez que conviene a quien inicia una acción. En otros procesos se habrían dado hasta 4 acciones de personal sucesivas para lograr que vaya al juez arreglado.
Y más allá del gravísimo perjuicio a Quito, estas actuaciones generan falta de confianza en la administración de justicia. Varios de sus integrantes son responsables de acomodarse a las sabatinas, 30S, Chucky Seven, la burla de un líder indígena que requería traductor, cuando insultó en fluido español al jefe de Estado, impunidad de los responsables de los desmanes de octubre de 2019 y otros de similar gravedad. Y mientras el país no tenga una administración de justicia independiente, honesta, ilustrada y oportuna, habrá escazas inversiones, alto desempleo y pobreza acuciante.