Si no hay rectificación profunda en el CNE, será imposible que las elecciones de febrero próximo sean limpias, ni siquiera que parezcan tales.
Mientras se acerca el día –tres meses apenas- mayor incertidumbre se siembra. La última acción –o penúltima, nadie sabe con certeza- es la remoción, a todas luces arbitraria e injustificada, del delegado del CNE en el Azuay. Es secreto a voces que las delegaciones están repartidas entre los integrantes de la mayoría que maneja el Consejo Nacional Electoral desde hace un buen rato. Está integrada por su Presidenta que representa a Pachakutik, el representante del Partido Social Cristiano y la que se supone representa a Alianza País, pero que en realidad es correísta perdida.
La función básica, sustancial, casi la única que debe cumplir el CNE, es organizar los procesos electorales con eficiencia y limpieza. Garantizar que la voluntad de los electores se refleje en los resultados. Para lograrlo debe actuar con transparencia absoluta que aleje cualquier duda sobre sus acciones o intenciones. Para eso, no deben existir ni mayorías ni minorías, sin que eso implique que no se presenten diferencias circunstanciales o criterios divergentes. Cuando se constituyen mayorías fijas, siempre excluyentes es que existen propósitos que pueden atentar contra la limpieza del proceso a realizarse.Y esto sucede la víspera de unas elecciones cruciales para el país. La mayoría que opera en el CNE viola ese principio de imparcialidad e independencia, a luces vista. Representando partidos aparentemente irreconciliables, coinciden sospechosamente también en la Asamblea. Controlan todo al interior del CNE. Distribuyen delegaciones y procesos. El informático a un consejero, el organizativo a otro. Hacen y deshacen sin explicación ni justificación, como con el delegado en el Azuay. Ninguna de estas funciones debe estar en manos de los consejeros, sino de técnicos solventes, capacitados técnica y moralmente, y no de activistas políticos. Así van a repetirse irregularidades, como las anulaciones fraudulentas de votos en Pichincha -delegación entregada al correísmo- de los votos para Prefecto y concejales, que triplicaron el promedio nacional.
Cómo se puede confiar si se contrata para funciones fundamentales a personas procesadas y sentenciadas en la justicia. El criminal agresor al periodista de Teleamazonas trabajaba con la consejera correísta del CNE, que a su vez maneja Pichincha.
Con estos antecedentes y la información que circula de boca en boca y no se publica o se hace en las discutibles redes sociales, la incertidumbre crece y la desconfianza cunde. La proliferación de candidaturas, la campaña sucia ya presente, el desprestigio de la política y las instituciones, exige un Consejo Electoral transparente y eficiente, que no responda a interés partidario alguno. Que funcione con seriedad e imparcialidad, no como ahora.