Chile recorre un camino de elaboración de su nueva Carta Magna. No será fácil y, en cualquier caso, tendría que ser una Constitución inclusiva. Como quiera que nosotros somos expertos en redactar constituciones, plantear consultas, enmendar leyes y elaborar grandes planes económicos, puede que algo podamos aprender del caso chileno a fin de poner a remojo nuestras barbas.
En plena pandemia las inquietudes de los chilenos saltaron a las calles y dejaron en evidencia una enorme brecha en salud, trabajo y educación. La gente vive convencida de que la pobreza en sus distintas formas (y la terrible inequidad que atraviesa los pueblos de América Latina) es la más grave vulneración de los derechos humanos. Por eso, en la nueva Constitución hay que hacer un hueco a los pobres, escuchar su voz y sus justos reclamos. Vulnerables y excluidos nos están recordando a lo largo y ancho del planeta que lo importante son las personas, especialmente aquellas que siempre quedan aparcadas en las cunetas del buen vivir.
Pasan los años, los regímenes y los líderes, más o menos notables en oratoria, promesas y proyectos, siempre generosos a la hora de creerse eternos y salvapatrias, pero casi siempre suspensos en ética y realizaciones. Y, para cuantos soñamos con un mundo más justo, humano y equitativo, la pregunta acaba siendo como un tumor enquistado: ¿Cuándo aplacaremos de una vez la pobreza y el desamparo de la gente? Hablar es fácil, lo mismo que escribir. El papel lo aguanta todo, lo mismo que las gigantografìas de la propaganda oficial.
El problema es hacer política incluyendo a los grupos vulnerables e invisibles. Y, para ello, hay que promover y sostener los derechos básicos, no sólo laborales (¿será el proyecto de ley “Creando Oportunidades” un régimen laboral alternativo al Código del Trabajo?), sino lo suficientemente humanos como para colmar la dignidad y la conciencia de que somos algo más que una mera fuerza de trabajo.
He leído el documento “Constitución y pobreza”, firmado por una serie de entidades sociales y dirigido a la presidenta de la Convención Constitucional de Chile. Basándose en su experiencia social, las instituciones firmantes entienden que “la Constitución debe ser capaz de representar a aquellos grupos especialmente vulnerables e históricamente invisibles en la conducción del país”. Es válido para la sociedad chilena y también para la sociedad ecuatoriana: antes del correísmo, en el correísmo y después de él es evidente que la falta de inclusión siempre supuso falta de integración. Somos un país fragmentado y pluricultural, dividido en clases sociales con intereses fuertemente contrapuestos.
Si algo puede facilitar nuestra vida y nuestra concordia es, precisamente, la superación de esta inequidad que nos maltrata desde antiguo. Hay que comenzar por escuchar la voz de los diferentes y de los más vulnerables.