La prensa ha informado de numerosos hechos más abultados de corrupción que los difundidos en estos días. La fallida rehabilitación de la refinería de Esmeraldas se previó inicialmente en USD 127 millones y terminó por costar USD 2 300 millones; en el proyecto de refinería del Pacífico se gastaron más de USD 1 500 millones. Suman exorbitantes cifras los sobreprecios en megaobras mal hechas, los contratos petroleros, las ventas de crudo a China o los múltiples sobornos en los que aparecieron las manos corruptoras de Odebrecht y otras empresas…
Muchos suponían que había tocado fondo la corrupción; pero todavía puede caer más bajo. Para muestra, los ejemplos de estos días. Indignan los robos en medio de la pandemia del coronavirus, cuando se aprovecha de la emergencia para sacar tajada de la venta de mascarillas, fundas para enterrar a los muertos, pruebas para detectar el virus, insumos médicos para los hospitales o kits de alimentos para entregar a quienes carecen de ellos… Y saltan denuncias en la Prefectura del Guayas o en la Alcaldía de Quito o en la construcción en veremos del hospital de Pedernales…
A los contagios acelerados y muertes por el covid-19, se suma ese otro virus de la corrupción que no respeta nada, ni se detiene. En el primer caso, los científicos luchan contra el reloj por probar una vacuna y por hallar tratamientos contra el mal. En el segundo, aunque existen, no se los quiere aplicar.
Las cirugía mayor ofrecida por el presidente Lenin Moreno aún no se ha cumplido. Sin embargo contamos con una acción firme y valiente de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Pero la funcionaria, que merece todo apoyo ciudadano, se queja de las decisiones de algunos jueces. Sin la acción severa de la justicia para castigar a quienes se benefician del poder o los dineros públicos, los casos destapados seguirán escandalizando semana a semana al país.
Una de las “vacunas” que ha mostrado en otras sociedades eficacia es la Ley de Extinción de Dominio. La oficina especializada de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito trabajó, años atrás, una Ley Modelo. El punto de partida es el reconocimiento del derecho de propiedad que toda persona tiene y del cual nadie puede ser privado arbitrariamente. Pero “los bienes adquiridos con capital ilícito no adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal… La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna”, define la Unodc.
Sin embargo los proyectos de esa Ley duermen en la Asamblea Nacional. ¿Por qué no se la tramita de forma ágil y responsable?