León Roldos

Ni transparencia ni oportunidad

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Miércoles 30 de diciembre 2020

Las dos deberían ser cualidades de una sociedad y de un gobierno. Si antes del correato se daba la falta de una y otra, con éste – desde el 2007 – se multiplicaron los casos; y la percepción fue que sobre todo respondían a decisiones del gobierno, desde los grandes negocios y las macro-obras, en que otro ingrediente fue la novelería con negocios a dedo, en variadas formas de corrupción, pasando por los negocios medios, hasta las cuasi – raterías, también numerosas.

Se crearon empresas y otras entidades con denominaciones sonoras, pero la mayoría ineficientes, para la vanidad y el despilfarro. Muchas ya no existen.

No hay un inventario confiable de obras paralizadas y de equipos sin uso, la mayoría en deterioro avanzado, y no se identifica a los responsables de los miles de millones de dólares de pérdida que aquello significa, lo cual, queriendo ser generoso, se percibe como un encubrimiento que lleva al resultado de una impunidad garantizada. Habrá quienes piensen que el abstencionismo, en investigar y en establecer responsabilidades, podría ser para un canje de protección o de favores.

En contratación pública, en el mayor número de contratos no se evidencia tratamiento igualitario a los oferentes. En un caso en que se había elaborado estudios y pliegos con anticipación - el Sercop ya había tumbado procesos similares- , que se invitó al proceso público de licitación, que se dieron decenas de preguntas y respuestas de los interesados, que pasaron semanas antes de la apertura de ofertas, recién días después de conocidas las ofertas, el Sercop formula cuestionamientos no sobre las ofertas, sino sobre estudios y pliegos de tiempo atrás, puntualizados en la invitación, para parar el proceso. ¿Por qué, para los “hallazgos”, se esperó identificar a quienes tenían la opción de la adjudicación y quienes no?

También en contratación pública, está la desvergüenza de tomar resoluciones, como modificar una comisión técnica, ordenándose elevarlas al Portal de Contratación, pero no haciéndolo, aun cuando la norma establece el principio similar al de la promulgación de la ley, que para que tengan vigencia debe publicarse. En teoría, caso contrario, son inaplicables, Hay ocultamiento hasta que pase la adjudicación. El Sercop tuvo evidencia y nada hizo.

Y está la práctica de la mora. Quien al frente de una entidad pública no paga sus obligaciones - en muchos casos sin querer- está “creando dificultades” para luego el mismo funcionario - u otro- “negocie facilidades”. Los precios para el sector público deberían reducirse a costos más una razonable utilidad. Pero, parecería imposible, por los pagos tardíos, sin intereses –y con coimas, en muchos casos- .

Hay una ofensa a la ética desde espacios del poder.