Cada año, el costo global de la corrupción representa un 5% del producto interno bruto (PIB) mundial, que equivale a USD 2,6 billones. El Banco Mundial estima que las empresas y los individuos pagan más de USD 1 billón de anuales en sobornos. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Foro Económico Mundial, los gobiernos menos corruptos recaudan 4% más del PIB en ingresos fiscales, respecto a los países con el mismo nivel de desarrollo económico, pero con niveles más altos de corrupción.
Si esas cifras se aplican linealmente a Ecuador, la lucha contra la corrupción es un buen negocio para el país, ya que se podría conseguir alrededor de USD 4 000 millones anuales. Esa cantidad de recursos puede ayudar para aliviar un sinnúmero de problemas, sobre todo en esta época de pandemia, cuando se necesita una mayor participación del Estado. Sin embargo, la realidad es que no existen esos recursos fiscales porque, por un lado, no hubo ahorro en los años de bonanzas y, por otro, buena parte de los ingresos fiscales fueron a p arar en obras y productos con sobreprecio, sobornos a funcionarios públicos, estudios ‘técnicos’ sin ningún sustento, etc.
Este año, la falta de recursos fiscales terminará profundizando la recesión a un nivel que no se ha visto desde que el país tiene estadísticas sobre crecimiento económico. El Banco Central proyectó que el PIB puede caer hasta -9,6% en el 2020.
En medio de esta escasez de recursos, la corrupción ha seguido enquistada en las instituciones públicas, como se ha revelado en las últimas semanas, aunque en realidad es un proceso que lleva años o décadas.
Uno de los indicadores para evaluar la percepción sobre la corrupción -en el país y el mundo- es el informe que publica Transparencia Internacional desde 1995. El índice de percepción de la corrupción (IPC) mide, en una escala de cero a cien los niveles de percepción de corrupción en el sector público. Mientras más bajo es este indicador, existe una mayor percepción de corrupción en un país.
El último reporte es del 2019 y fue presentado en enero pasado. América Latina no ha mostrado avances y sus resultados son dispares. Por un lado, está Uruguay, con 71 puntos y, en el otro extremo, Venezuela, con 16. Ecuador obtuvo 38, pero hay que considerar que tres años antes tenía 31. Aun así, ese puntaje sigue siendo bajo.
También hay que considerar que, en la actual coyuntura, la falta de recursos fiscales está llevando al Gobierno a recurrir a un fuerte endeudamiento para paliar la crisis sanitaria y económica. Al menos se necesitarán USD 12 000 millones, una cifra gigantesca. Y al mismo tiempo, parte de esos recursos se están usando en compras públicas manchadas por actos corruptos.
Una de las formas para controlar el endeudamiento y las compras que se hagan con esos recursos es transparentar las condiciones del endeudamiento y los procesos de compras públicas. El país sí tiene recursos, pero falta transparencia.