Prefecto laborioso

El prefecto del Azuay, Carlos Pérez, se posesionó hace algo menos de ocho meses pero aún no ha empezado a ejercer sus funciones porque sigue en campaña política (y anti minera) que solo se interrumpió brevemente por su participación en los sucesos de octubre de 2019.

Al parecer ahora ha regresado a sus andanzas de activista por necesidad de atención y visibilidad, o a lo mejor por otras razones que no han salido a la luz. En todo caso, acaba de presentar a la Corte Constitucional una nueva petición de control previo de dos preguntas para consulta popular con las que busca prohibir las actividades mineras en esa provincia y cancelar las concesiones que han sido otorgadas legítimamente por el Estado.

Dada su prolongada vacancia laboral, a Pérez parece que le sobra tiempo, y sin duda también le sobran recursos económicos para mantener tan ajetreada vida entre cortes, juzgados y despachos judiciales. Lo que no le sobra evidentemente es memoria, pues de pronto ha olvidado lo que dijo la Corte Constitucional en procesos precedentes cuando detalló los requisitos formales y de fondo indispensables para este tipo de consultas, que tampoco incluyó en esta nueva petición plagada de los mismos errores observados en los fallos anteriores.

En esta ocasión, Pérez repite una pregunta que ya fue desechada por la Corte por ser violatoria de derechos de terceros, atentatoria contra los bienes y potestades del Estado, confusa y con generalizaciones inadecuadas, inconstitucional por intentar eludir un proceso de reforma o enmienda a través de artificios jurídicos, entre otros vicios. Y, por si fuera poco, presenta una segunda pregunta a todas luces confiscatoria con la que pretende cancelar las concesiones mineras vigentes en Azuay.

Sin embargo, lo que Pérez sí parece recordar es que tras el intento de golpe de estado de octubre, otros revoltosos se beneficiaron del espacio del que él gozaba en medios de comunicación. Quizás por ahí va la cosa.

En todo caso, lo que está claro es que Pérez no es consciente de la depredación ambiental y social que han ocasionado los mineros ilegales, que serían los únicos beneficiados con el despojo y abandono de las concesiones mineras del Azuay.

También puede ser que Pérez ignore que la minería responsable hoy trabaja de la mano de las principales organizaciones de protección ambiental del mundo, con las técnicas más modernas de protección, garantía, remediación y una visión sostenible y sustentable real y efectiva.

A lo mejor Pérez no sabe que el 70% de la inversión extranjera que llegará al país durante el 2020 provendrá de la minería, y que en 2021 esta industria atraerá al Ecuador más de USD 2.750 millones. De esos recursos que ahora son una realidad en otras provincias, Azuay se vería privado por gestión de su cuasi prefecto. A lo mejor Pérez mañana nos sorprende a todos y, para evitar una revocatoria de su mandato, se convierte en un prefecto laborioso.

Suplementos digitales