La Cepal, en uno de sus más recientes informes, confirma que la pandemia de la covid-19 ha provocado en América Latina un aumento sin precedentes de la pobreza. Cerca de 22 millones de personas han pasado a engrosar el porcentaje de personas que vive con menos de USD 2,80 diarios (cifra que permite definir a quienes están en situación de pobreza).
Prácticamente toda la región atraviesa por una recesión económica producto de la covid-19. Las medidas de confinamiento, adoptadas de manera desigual en la región, aunque ayudaron en meses pasados a contener temporalmente la expansión del virus, afectaron notablemente a la economía formal e informal. El PIB regional cayó en el 2020 en -7,7%, confirma el informe.
En el caso del Ecuador las cifras oficiales no reflejan la realidad. Al cierre del año, el Banco Central estimaba que el PIB decreció en un -11%. Considero que una cifra más cierta es de una caída del -15% del PIB. De acuerdo al INEC, 650 mil personas perdieron durante 2020 su puesto de trabajo (empleo adecuado). Del mismo modo, la informalidad creció del 46,7% en 2019 al 51,1% en 2020. Y al igual que en el resto de América Latina, en Ecuador la pobreza subió del 25% en 2019 al 32,4% en 2020, siendo la situación más aguda en las zonas rurales. Está se incrementó (en las zonas rurales) del 41,8% en 2019 al 47,9% en 2020.
La situación se presenta de manera mucho más grave en provincias con menor presencia del Estado (gobierno nacional y gobiernos locales), bajos niveles de desarrollo económico y débiles políticas de inclusión social. La pobreza rural en la provincia de Esmeraldas es del 53,9%, en Tungurahua del 30,5%, en Chimborazo del 57,9%, en Imbabura del 43,7%, en Napo del 65,4% y en Morona Santiago del 63,9%.
Esto es alarmante y no puede seguir así. Por ello, a más de las acciones que debería emprender el nuevo gobierno para reactivar la economía, recuperar los niveles de crecimiento y de pleno empleo, se hace prioritario implementar políticas robustas de inclusión y protección social. Ahí juega un papel clave lo que se conoce como “Ingreso Básico de Emergencia” (IBE). Esto se aplicó de manera débil en la región y en nuestro país. El actual gobierno entregó un bono de protección familiar por USD 120 pero se lo hizo por una sola vez. Debería ser mensual y por lo menos durante 6 meses.
La pandemia ha puesto al descubierto las dolorosas e injustas desigualdades sociales. Los niveles de desprotección social, informalidad, marginalidad, hacinamiento y pobreza son elevados. Es el momento entonces que, como política de Estado, vayamos, como dice el Informe de la Cepal, a garantizar la protección social universal. Es decir, políticas que incluyan un ingreso básico universal (con prioridad hacia las familias con niños y adolescentes) y sistemas integrales de protección social. Marchar hacia un nuevo Estado de bienestar donde nadie se queda atrás y, al mismo tiempo, garanticemos los derechos de todos.