A partir de agosto, el IESS no podría cumplir con sus obligaciones hacia sus jubilados y pensionistas, ha advertido Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo. La liquidez se halla amenazada por el incumplimiento del Estado en pagar el 40 % al que se halla obligado para las jubilaciones y montepíos.
El gobierno de Correa descubrió, en marzo de 2015, que el IESS tenía superávit y anunció que el Estado no pagaría ese 40%. Por la Ley designada como cruenta burla de Justicia Laboral estableció que el aporte estatal aplicaba solo cuando el Seguro Social no contara con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago. Es decir, solo pagaría cuando el IESS estuviera con la soga al cuello. Ese es un memorable ejemplo de la “responsabilidad” con la que legislaron los asambleístas del oficialismo.
La disposición propinó así un golpe mortal al financiamiento del fondo de pensiones. La Corte Constitucional demoró en declararla inconstitucional; pero finalmente lo hizo en marzo de 2018 y dispuso la obligación de considerar el aporte del 40% al elaborar la Proforma presupuestaria de 2019. Sin embargo, desde octubre del año pasado hasta ahora el Gobierno no ha cumplido con el pago.
El problema mayor es haber convertido al Seguro Social en botín político. Es escandaloso el crecimiento burocrático de la institución. Un trabajo de investigación de María Belén Arroyo difundido hace tiempo en Vistazo muestra que en 2007 el IESS contaba con 10 164 empleados. La década correísta multiplicó casi por cuatro la nómina. El balance entre empleados que dejan la entidad y los que entran en la sucesivas administraciones es de una dramática elocuencia, según resume la periodista. Las tres cifras de más bulto: la administración de Ramiro González incrementó 8 773 empleados; la de Víctor Hugo Villacrés, 5 346; la de Richard Espinosa, 11 096. A esos aumentos de personal se sumaron nombramientos a dedo y el cobro de “aportes” de los sueldos de funcionarios a favor de Alianza País y Cambio Generacional, el movimiento político “fortalecido durante la dirección de Espinosa para apoyar al correísmo y al morenismo”. La conclusión del trabajo de Arroyo salta a la vista: “Las distintas administraciones del IESS durante el correísmo no solo se feriaron la plata de los afiliados, sino que, además, convirtieron a ese instituto en un reducto de proselitismo político”.
La demagogia populista completó la obra, con la incorporación de sectores sociales a la seguridad social sin el debido financiamiento y, por este camino, puso también en bancarrota los fondos para la salud e incrementó la deuda estatal.
Salvar del colapso al IESS es un objetivo nacional. No pagar las pensiones sería el comienzo del fin y provocaría una catástrofe social de consecuencias devastadoras.