Vicente Albornoz Guarderas

Insistentes municipios

valore
Descrición
Indignado 2
Triste 0
Indiferente 3
Sorprendido 1
Contento 59
Domingo 06 de diciembre 2020

A pesar de los limitados conocimientos de derecho de este articulista, suena bastante obvio que es ilegal incitar a una persona a violar la ley. Los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales deberían cuidarse de no cometer algo ilegal en su persistente insistencia al ministerio de finanzas para que les entregue más recursos. Porque si el Ministerio les da más de lo permitido por la ley, quien lo autorice estaría malversando fondos. Y eso suena bastante mal.

Además, y más allá de la ley, ya deberían los gobiernos seccionales darse cuenta que estamos en crisis. Parece que no se han enterado, pero el país está en recesión desde mediados del año pasado, el mundo lleva 11 meses en pandemia y el gobierno va a cerrar el 2020 con un déficit cercano a los USD 8 000 millones. Exigir más recursos a un Gobierno quebrado raya en lo irresponsable.

Pero en la última semana, los municipios han protestado airadamente, con huelgas de hambre y todo, exigiendo que el Gobierno les dé más plata. Y en esto parecería que hay una buena dosis de desconocimiento, tanto de la situación macroeconómica del país como de las normas que definen las transferencias desde el Gobierno central.

En lo legal, el Código Orgánico de Organización Territorial define lo que reciben los gobiernos seccionales y no hay espacio para perderse: 21% de ingresos permanentes y 10% de ingresos no permanentes del Presupuesto del Estado.

Esta definición puede sonar un poco rara, pero es lo que dice la ley. Una ley centralista heredada del correísmo, pero vigente.

Y si el Gobierno les entregara más dinero a los municipios, estaría violando esa ley; entregar recursos públicos a quien no los debe recibir debe conformar algo cercano a la malversación.

A fines del año pasado cuando se aprobó el presupuesto del 2020, se calculó que la suma de ese 21% y ese 10% iba a dar USD 3 070 millones. Claro que ese cálculo se basaba en que el gobierno iba a tener más ingresos gracias a un precio del petróleo alto y a las buenas recaudaciones tributarias.

Pero llegó una pandemia que desplomó los ingresos petroleros y redujo sensiblemente los impuestos cobrados por el gobierno. Por eso, ahora se estima que la suma de esos dos porcentajes llegará únicamente a 2 380 millones, lo que implica que las transferencias a los seccionales tienen que caer en unos 700 millones, algo que, indiscutiblemente, les debe molestar. Ajustarse no es fácil.

El problema es que una “molestia” no puede justificar el incumplimiento de una ley. Por lo tanto, las prefecturas, los municipios y las juntas parroquiales deberán implementar lo que los ciudadanos venimos practicando largo tiempo: la austeridad e, idealmente, el ahorro.