Con voluntad política el Gobierno puede trabajar en una agenda que responda a los altos intereses del país. En estos seis meses podría tomar decisiones en aquello que pueda resolver la Asamblea soslayando al concurso de ofertas demagógicas y en algo en que no participe ella al margen de la campaña electoral. Por ejemplo revisar ya las exoneraciones que perforan injustamente las leyes tributarias.
Está bien que el ministro Pozo prepare los insumos necesarios para que el próximo gobierno decida las normas para cumplir con los compromisos asumidos frente al Fondo Monetario Internacional, FMI, pero sin circunscribirse solo a eso.
En el mundo de hoy se discute con fuerza sobre la concentración de riqueza excesiva en pocas personas, lo que deja al resto del mundo sin poder participar en la vida económica. En el Ecuador los dueños de los dólares tienen la capacidad de decidir sobre el desarrollo económico del país sin que los asalariados, los consumidores y los desempleados puedan participar.
Desde hace un tiempo varios países han instaurado el impuesto a la riqueza o al patrimonio. Nuestro vecino Colombia puso este impuesto en un gobierno de derecha, porque esta no es una cuestión ideológica sino de racionalidad política y de imperativo superior para evitar estallidos de violencia. Hasta el FMI ha instado a los países a poner impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables para pagar los gastos en salud y en protección social, para evitar una generación perdida (octubre 14/20). Políticos inteligentes de derecha entienden que hay que instaurar una fiscalidad justa en la que participen quienes han acumulado riqueza excesiva que ya no necesitan para una vida tan corta como la humana. En el Ecuador ha habido serias intenciones de pragmatismo colaborativo, pero también confusión con las tómbolas navideñas como mecanismo para lavar la conciencia de la desigualdad.
Urge que equipos técnicos diseñen una participación de quienes han acumulado patrimonios en exceso durante los 40 años de riqueza petrolera ecuatoriana. Todo esto cuidando que la inversión en el Ecuador para la recuperación económica no se vea afectada. Esta sería una colaboración técnica del ministro Pozo si incluye también medidas que impliquen ventajas a quienes decidan repatriar sus dineros del exterior que ahora deben sobrepasar los USD 30.000 millones.
De paso, el Gobierno debería informarnos porqué el SRI no cobra lo que le deben desde antes de la pandemia, que puede llegar a los USD 2.000 millones y cuáles son los principales deudores que hacen del litigio tributario un acto de fe. El IESS también debería decirnos porque no cobra la deuda patronal que también sobrepasa los USD 1.000 millones y si puede achicar la nómina que creció tanto en la última década, lo que debería ser una condición para el pago del aporte anual.