Dentro de las investigaciones que realiza la Fiscalía para esclarecer presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas covid, que efectuó el Municipio de esta capital, hace pocos días allanó el domicilio del alcalde, Jorge Yunda, e incautó varios teléfonos, entre ellos uno de su hijo Sebastián, que, según se informó, contiene una serie de chats comprometedores, que configurarían “casos de delincuencia organizada, concusión, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias” y serían causales de proceso penal.
De las grabaciones encontradas se desprende que Sebastián Yunda, músico reguetonero, quien viajó a Panamá tan pronto como estalló este embrollo, habría cobrado comisiones y recibido regalos de empresarios, a cambio de su influencia para la obtención ilícita de contratos y otros beneficios del Municipio.
Algunos concejales han exhortado al máximo personero municipal, en sendas comunicaciones, que renuncie o que, por lo menos, solicite licencia mientras se esclarecen estas inculpaciones, que desdicen del buen nombre y de la rectitud que han caracterizado al Ayuntamiento quiteño, y las cinco fuerzas políticas que conforman el cuerpo edilicio coincidían en que es indispensable que se investiguen estas irregularidades y que se determinen responsabilidades, pero luego el bloque correísta, que es el más numeroso, demostró su verdadera posición. No asistió a la sesión convocada para el martes, en la que se iba a tratar tan delicado asunto y el Burgomaestre se escabulló apresuradamente.
El doctor Yunda había afirmado que permanecerá en sus funciones hasta el último día de su mandato; que “no pone las manos al fuego ni siquiera por sus familiares”; que su hijo ya es mayor de edad y, por tanto, responde por sus actuaciones; que la filtración de los mencionados chats es prueba de persecución política, y que si se comprueba que funcionarios municipales se hubiesen involucrado en estas irregularidades serán separados de sus cargos. Ya ha removido o ha aceptado la renuncia a más de una decena.
Mientras tanto, exámenes realizados por organismos científicos de prestigio, nacionales e internacionales, han demostrado que las pruebas adquiridas por el Municipio en Corea (¿?) tenían sensibilidad muy inferior a la establecida en el contrato suscrito con Alumed y, por tanto, eran ineficientes y, en cambio, el precio que se pagó está por encima de otras más efectivas.
Por este caso, desde hace algunos meses porta vergonzoso grillete el Alcalde Metropolitano, están enjuiciados varios funcionarios y ex funcionarios de su entorno y la ciudadanía sigue con desconcierto e indignación el desenlace de estos escándalos que afectan a la imagen de la respetable institución representativa de la ciudad capital y causan cuantiosos perjuicios económicos y aspira a que la Justicia actúe con diligencia y verticalidad e imponga sanciones ejemplarizadoras a los responsables.