El tamaño del Estado se duplicó entre el año 2000 y 2006 frente al período comprendido entre 2007 y 2019. El indicador de gasto del total del sector público pasó en promedio del 21% al 38% del PIB. En algunos años como el 2013 y 2014 superó el 44% del PIB. Luego, por la falta de ingresos y la imposibilidad de mayor endeudamiento, la relación cerró el 2019 con un porcentaje del 35% del PIB. Esta obesidad estatal es la responsable de los recurrentes y crecientes déficits fiscales y la mayor explicación del acelerado endeudamiento público. Si el déficit fiscal encuentra financiamiento se lo está cubriendo pero el desbalance fiscal no se está resolviendo. El desequilibrio fiscal se resuelve aumentando ingresos, reduciendo gastos o alguna combinación de ambas opciones.
El Gobierno actual, habiendo cambiado la dirección de la política económica a un escenario de mayor disciplina fiscal no ha logrado revertir el gigantismo estatal. Los esfuerzos por detener la inercia salarial son importantes, lamentablemente aún son insuficientes para la magnitud del problema y la cuantía de la obesidad del Estado.
El presupuesto estatal destina aproximadamente USD 9 000 millones a la nómina salarial y casi USD 4 000 a los intereses de la deuda pública. Entre ambos conceptos de gastos se consume casi la totalidad de los impuestos recaudados. Siendo el promedio de los salarios públicos el doble de sus similares del sector privado, existe el espacio suficiente para redimensionar estos egresos corrientes. Por la coyuntura queda todavía descartada una desvinculación de servidores públicos que sin duda existen en demasía, pero una reducción del gasto en remuneraciones se torna no solo necesario sino urgente. Esta reducción en sueldos y salarios llevaría consigo también una contracción del gasto en bienes y servicios que a la fecha supera los USD 3 100 millones anuales. Pero el problema no se reduce al Gobierno central, el resto del sector público como son las entidades públicas, los organismos de control, la propia Asamblea Nacional, los GADs, las superintendencias, la banca pública y una lista interminable de instituciones públicas sin razón alguna de existir, dan por resultado un Estado imposible de financiar y mantener.
Es correcto que todos colaboremos ajustándonos a la nueva realidad económica pero esto debe ser balanceado y equilibrado. El Gobierno daría una señal de compromiso formal re dimensionando el Estado, donde la grasa aflora a todo nivel consumiendo los pocos dólares de la caja fiscal. Esa demostración del Gobierno demanda decisión política, requisito indispensable para que toda la sociedad se alinee en esa dirección. Caso contrario, habrá mucha más dificultad de contar con el esfuerzo que se requiere. Este es un problema de todos pero es importante que las señales se vean y la profundidad de las acciones permita mayor colaboración ciudadana.