El hecho del 2019
Unos dirán que el hecho más destacado de este año son las protestas de octubre pasado, porque pusieron en evidencia el descontento social y las desigualdades en el país.
Esa puede ser una respuesta automática, porque las repercusiones de las protestas todavía se sienten en la economía nacional, los negocios afectados por los saqueos aún no se recuperan y las secuelas en la región se mantienen hasta la fecha.
Pero por las mismas razones, al menos para Ecuador, el hecho más relevante del año es la pérdida de una oportunidad histórica, una que pudo ser el inicio de un cambio estructural en la economía nacional, pero sobre todo un cambio en la forma de pensar de la sociedad ecuatoriana, la cual demostró que no está dispuesta a pensar en el largo plazo y que sigue expuesta a cualquier discurso populista.
La eliminación de los subsidios a los combustibles, tal como lo planteaba el derogado Decreto 883, fue una decisión política correcta, histórica y difícil, aunque pésimamente comunicada. Ningún gobierno en las últimas dos décadas ha tenido la voluntad de implementarla pese a que todos plantearon en su momento la necesidad de hacer algo para corregir una distorsión que le cuesta al país miles de millones de dólares cada año.
Las correcciones económicas pasan inadvertidas en las épocas de bonanza, pero se vuelven urgentes cuando el ciclo económico cambia, como ocurrió al finalizar el segundo ‘boom’ petrolero, en el 2014.
Ecuador cumplirá el 2019 cinco años de estancamiento económico, con los efectos que ya son conocidos: deterioro del empleo, aumento de la pobreza y elevado déficit fiscal, cuyas soluciones requieren de medidas que deben tomarse hoy para ver resultados a mediano y largo plazos.
Y pese a eso, el país se sigue dando el lujo de mantener subsidios generalizados a los combustibles, lo cual es una bofetada a los más pobres del país, quienes debieran recibir más atención del Estado para corregir, precisamente, las desigualdades de ingresos y de acceso a salud y educación. En los primeros 10 meses de este año, el país subsidió USD 1 053 millones en la importación de combustibles y al cierre de año esa cifra probablemente bordeará los USD 1 300 millones. No hace falta decir lo que se puede hacer con esos recursos en salud y educación de los más pobres del país.
La eliminación de los subsidios generalizados a los combustibles sigue siendo necesaria, aunque políticamente será difícil que el Gobierno insista en una medida similar el próximo año, al menos en la dimensión que tuvo el Decreto 883.
Cada día que se postergue esa medida, los principales beneficiarios del subsidio: personas de altos ingresos, además de contrabandistas y narcotraficantes, recibirán millones de dólares que salen de los bolsillos de todos los ecuatorianos. Si las protestas de octubre sirvieron para algo, aquí hay una oportunidad para corregir desigualdades históricas.