Con el desembolso del Fondo Monetario, un valor similar que vendrá en diciembre, el inminente crédito chino y el diferimiento del pago de la deuda externa hasta después del próximo gobierno, se alivia la asfixiante crisis fiscal. Pero solo la pospone por algunos años. Nuestros acreedores nos dan plazo para poner la casa en orden.
Nos toca hacer algo que nunca hemos logrado, a pesar de esfuerzos, como fueron los encuentros en Cusín: que la ciudadanía organizada comprometida con el futuro del país (excluyo a los que sólo quieren unos cuantos años más para ordeñar al Estado e irse a vivir al exterior) debe acordar una estrategia para que en estos años de gracia el país se dote de una estructura económica que le permita crecer, crear empleo de calidad y mejorar el nivel de vida de la ciudadanía, y una estructura social para repartir ampliamente esa nueva prosperidad.
La iniciativa le corresponde al próximo gobernante, ya que va a contar con el poder para ejecutar cambios. Pero requerirá cooperación del legislativo. El país no puede darse otra Asamblea en que sus componentes estén a la caza de coimas, o nombrando de asesores a personas descalificadas que aceptan compartir su sueldo con el jefe. Las Corte Constitucional y Nacional también deberán tener una visión de país en sus fallos. Uno reciente de la Constitucional amenaza acabar con la minería, uno más antiguo de la Corte Nacional nos torna vulnerables a un reclamo costosísimo de Chevron.
Ese acuerdo no puede quedar sólo a nivel de poderes públicos. Los gremios tendrán que aportar y sumarse a buscar una gran estrategia nacional. Cabe plantearse varias cosas:
-Si el papel del Estado es mantener orden y brindar servicios de calidad, o de ser empleador de última instancia.
-Si vamos hacia una apertura económica, como la mayoría de países de la región, o si nos mantenemos fieles a la sustitución de importaciones.
-Si se entroniza una política económica compatible con la dolarización y que permita aprovechar sus ventajas, o si la abandonamos por no estar dispuestos a someternos a la disciplina que requiere.
-Si queremos producción petrolera y minera, o si vamos a renunciar a esa riqueza natural.
-Cuál es la legislación que mejor armoniza la necesidad de estimular la creación de empleo y la protección de los derechos de quienes ya lo tienen.
-Cómo organizar la seguridad social.
-Si montamos un sistema educativo que propenda a la excelencia, o si priorizamos los derechos, el de los estudiantes a recibir un título sin haber hecho méritos, y el del profesor, a la estabilidad independientemente de su rendimiento.
No será tarea fácil, pero es indispensable para un país que el gobierno de la revolución ciudadana dejó al borde de ser un Estado fallido, como es Venezuela.