Este año se cumplen 40 años de retorno a la democracia. El 29 de abril de 1979, en una jornada cívica y de amplia participación electoral, Jaime Roldós Aguilera y Osvaldo Hurtado Larrea triunfaron en las elecciones generales.
Con ello se puso fin a casi 10 años de dictadura militar. Dictaduras que, a diferencia de otros países de la región en los que hubo graves violaciones a los derechos humanos, sirvieron para fortalecer el Estado. Se inicia la explotación petrolera, se construyen buena parte de los ejes viales, el sistema nacional interconectado, hidroeléctricas y varias obras estratégicas.
El proceso de transición, llamado por los militares como Proceso de Reestructuración Jurídica, fue pensado para realizarse de manera planificada y sin mayores contratiempos. Es así que se planteó, como requisito para avanzar, someter a votación una Constitución, una Ley de Elecciones y una Ley de Partidos Políticos.
Uno de los aspectos centrales de esto último fue que, el proceso de retorno a la democracia, cumplan un papel clave las organizaciones políticas. Sin embargo, más allá de lo que se pensó en aquella época como factores claves del proceso terminaron a la final por fallar. Buena parte de la crisis política que se dará en los ochenta, noventa e inicios del 2000, más allá de la crisis económica y de la deuda, se debió a la mala conducción del país. Es decir, los partidos políticos tuvieron mucho que ver en ello.
Si vemos lo ocurrido en los últimos 40 años, ha habido efectivamente avances pero también problemas que vienen del pasado. No sé si con ese retorno a la democracia nos planteamos muchas y grandes expectativas. Tal vez demasiado ambiciosas.
Esto nos lleva a concluir que el juicio que nos hagamos va a depender en gran medida de la “definición” o de nuestra idea que tengamos de qué es, qué puede ser o qué debe ser la democracia.
En ello se ha avanzado relativamente hasta la actualidad. Hoy en día una de las definiciones que generalmente se usa más por los politólogos es el concepto de poliarquía de Dahl. Poliarquías o democracias políticas definidas en función de los siguientes atributos: 1). Funcionarios electos; 2). elecciones libres y justas; 3). Sufragio inclusivo; 4). Derecho a competir por cargos; 5). Libertad de expresión; 6). Fuentes alternativas de información; 7). Derecho de asociación.
Sin embargo, aunque esta definición nos puede servir, es necesario tomar en cuenta que la concepción de democracia responda no a lo que tenemos sino a lo que debería ser. Es decir, a una trayectoria signada por las aspiraciones ideales, las cuales van más allá de las condiciones reales.
Pese a que tengo muchos reparos para evaluar positivamente lo que tenemos en la actualidad después de 40 años, ciertamente no estamos como en la década pasada. Un periodo nefasto de la historia política del Ecuador. Y aunque el gobierno de Moreno ha sido un contraste positivo, queda mucho por hacer.