Diego Almeida Guzmán

El cumplimiento de la ley

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Sábado 24 de octubre 2020

Mucho se ha escrito durante los últimos meses sobre la necesidad de emprender en reformas legales para enfrentar los entornos sociales y económicos post-covid. Penosamente, poco hemos reflexionado en que más que contar con ellas, se requiere generar una cultura de cumplimiento de la ley, que para la filosofía del derecho es sinónimo de su “eficacia”.

Para la Teoría Pura del Derecho (H. Kelsen), las normas jurídicas no constituyen proposiciones, concebidas como enunciados declarativos sobre un objeto dado al conocimiento. Al decir del juris-filósofo austriaco, son mandamientos, órdenes e imperativos. Su eficacia es transmitida por el respeto que de la norma tengan los regulados… y los jueces llamados a hacerla cumplir frente a la inobservancia por parte de los primeros. Apartándose de la Teoría positivista, pero no por ello de menor trascendencia, el filósofo del derecho R. Dworkin (Los Derechos en Serio), convida a reflexionar en que los “estándares han de ser observados no porque favorezcan o aseguren una situación económica, política o social que se considera deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad”.

Inconcebiblemente, ciertos gremios empresariales y sindicales, – los dos con discursos que solo se diferencian en su aproximación “ideológica” – abogan por innovaciones legales que dejan de considerar que el mejor régimen jurídico que pueda concebirse, de nada servirá si no es cumplido y si deja de responder a la justicia y a la ecuanimidad. Espanta al sentido común que nos preocupemos de idear modificaciones legales para proteger intereses particulares, cuando el principal problema a enfrentar viene por una generalizada “ciencia” de irreverencia a la norma (law enforcement). La situación adquiere visos peculiares si los gremios no representan a la mayoría de quienes dicen “apoderar”: el empresariado no identificado políticamente, y la gran fuerza laboral que busca trabajo con prescindencia de alocuciones líricas.

La seguridad jurídica no está dada tanto por un régimen normativo permanente en el tiempo, cuanto por la seriedad de un país para obligar a su obediencia. En el siglo XIX, las cortes constituyentes españolas que gestaron la Constitución de Cádiz de 1812, tuvieron una comisión llamada a formular los medios para asegurar la observancia de las leyes del reino. Acá en pleno siglo XXI, seguimos discutiendo la conveniencia de tal o cual irrelevante previsión, sin entender que la norma sustitutiva seguirá siendo insustancial a menos que aseguremos su eficacia vía cumplimiento.

Hemos llegado al poco inteligente caso de justificar el incumplimiento de una norma si genera alguna buena secuela. El absurdo se complementa cuando la “buena secuela” es el particular punto de vista de quien violenta la ley. Citando a J. D. Escoto, teólogo escocés medioeval, no deben hacerse cosas malas para que puedan obtenerse buenos resultados.