El impacto de la pandemia será mucho mayor que el sufrido el 2016 por el terremoto de Manabí y Esmeraldas. En éste, la economía tenía un nivel de desempeño razonable, el precio del barril de crudo era superior al estimado en el presupuesto fiscal, el riesgo país era más bien bajo, y el aparato productivo -salvo en las provincias afectadas- operaba con normalidad. En ese escenario, el gobierno declaró el estado de excepción, recibió ayuda externa y con la solidaridad de la ciudadanía y la docilidad de la Asamblea, incrementó el IVA del 12 al 14 por ciento, creó impuestos sobre el patrimonio, adicionales al impuesto a la renta y contribuciones sobre las remuneraciones, con lo cual obtuvo ingresos de más de 1 700 millones de dólares. Algunos penosamente desviados a fines non santos.
El covid-19 azuela al país en circunstancias muy distintas: la economía se ha deteriorado radicalmente, crecimientos menores al 1% en los últimos años; el endeudamiento público ha superado los límites legales y razonables; el déficit fiscal recurrente supera el 5 por ciento del PIB; el riesgo país está por encima de los 3 000 puntos, lo cual cierra las posibilidades de nuevo endeudamiento; los mercados internacionales se han contraído por la pandemia y las restricciones al comercio exterior y a la movilidad de personas y mercaderías han llegado a niveles imprevisibles. Industrias como las flores, el turismo (hoteles, restaurantes y servicios complementarios), el camarón y el banano (principales productos de exportación no petroleros) enfrentan caída de la demanda, y el precio del petróleo se ha desplomado por debajo de los 30 dólares, (frente a 51,30 previsto en el presupuesto).
En esta realidad, no cabe otra actitud por parte de los ciudadanos -no los partidos ni dirigentes políticos que han puesto por delante sus intereses electorales- que sea exigir al presidente de la República que asuma el liderazgo que demostró en la reforma política y que demandan las circunstancias, adopte las medidas urgentes que le competen, proponga a la Asamblea las reformas legales indispensables (un documento suscrito por once economistas apuntan varias de ellas) y ponga contra la pared a los asambleístas para que las tramiten de manera inmediata. Actitudes irracionales como “estamos en contra de más impuestos” o torpes como “no creo que en un año electoral haya ambiente para aprobar incremento de contribuciones o flexibilización laboral” no pueden tolerarse. Qué quieren, ¿ser sepultureros de la República? Y ponga un “tente quieto” a los que, en connivencia con los corruptos de los 10 años, andan por el mundo proclamándose los “segundos presidentes del Ecuador” y, a pretexto de oponerse a la eliminación de los subsidios a los combustibles, que han costado 40 mil millones de dólares en los últimos 10 años, incendiaron y destruyeron a Quito.