Más allá de los datos oficiales que resaltan la tasa baja de homicidios (alrededor de 6 muertes violentas por cien mil habitantes), la inseguridad ciudadana tiene que ser enfrentada desde una visión global, de conjunto. El país necesita un plan de seguridad integral del Estado, que involucre a todas las instituciones pero también a la organización ciudadana, que es una de las debilidades.
Está bien la acción de la Policía contra el crimen organizado, narcotráfico, bandas delincuenciales, pero preocupa también los asaltos y robos diarios al ciudadano común, que se produce cuando ingresa a un local, roban una tienda, arranchan una cartera o un celular, ingresan a la fuerza a un domicilio, el secuestro exprés y que lo hacen de manera violenta.
Hay tres ejes fundamentales que complementan el enfrentamiento a la delincuencia: la educación, la prevención y la organización ciudadana, que deben ir acompañados de la acción de las fuerzas del orden. La situación económica agravada por la pandemia ha profundizado los problemas sociales y de alguna manera los hechos delincuenciales.
Por ello es bueno restablecer observatorios, con expertos e investigadores, para contar no solo con estadísticas sino establecer las causas y no solo los efectos que estamos viendo. ¿Qué están haciendo las universidades y los gobiernos autónomos descentralizados para contribuir en esta tarea? ¿A dónde se destinan y en qué se está invirtiendo lo recaudado por la tasa seguridad?
Es necesario fortalecer las tareas de inteligencia, tan fundamentales, para desarmar a la delincuencia. Evaluar las políticas y verificar si con la estructura que se pusiera en vigencia en el nefasto gobierno anterior se acciona y se reacciona con rapidez, hoy que las tecnologías han mejorado mucho y no es posible que la delincuencia esté mejor dotada.
Si bien el problema del país no es solo de leyes, aunque son herramientas necesarias, la desprestigiada Asamblea tiene pendientes proyectos desde hace años, que vienen siendo reclamados en medio de la indiferencia de la mayoría de sus integrantes. A esto se suma que el país está inmerso en un proceso electoral en el cual entra el baratillo de ofertas que se enmarca en el populismo penal. Más importante sería que la administración de justicia contribuya con una acción más diligente y sin contemplaciones con quienes han cometido actos delincuenciales y al día siguiente salen libres, lo que genera rechazo y preocupación.
Es necesaria una autocrítica al papel de los medios de comunicación (especialmente los audiovisuales), que siendo importante y un gran aporte para una sociedad informada, debe cuidarse en no cumplir un papel sensacionalista y escandalizador, porque no educa sino que con ello se infunde miedo e incertidumbre, aunque tenga mayor sintonía por la cultura popular.