Castrar y encerrar
Proponer el endurecimiento de penas como solución a problemas sociales complejos es algo común en nuestro país; todos los años se presentan proyectos de ley con sanciones más duras o reducción de beneficios penitenciarios frente a hechos que provocan indignación colectiva. El endurecer penas es una respuesta cómoda, poco imaginativa y cargada de populismo, frente a los requerimientos de mayor seguridad. Los que proponen estas medidas saben que el discurso de mano dura suma apoyos inmediatos, especialmente en temas muy sensibles como los delitos sexuales, en particular cuando las víctimas son menores de edad.
El incremento de penas, por sí mismo, no tiene impacto en la reducción de los delitos a los que se asocian mayores sanciones, lo que hace que su efecto preventivo sea prácticamente nulo; tenemos ejemplos recientes y podemos hacer un seguimiento cercano en los delitos sexuales que en algunos casos han triplicado la sanción o no prescriben cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes; o lo podemos comprobar con el feminicidio, un delito con una pena alta, que no se reduce porque existen otros problemas asociados a esa conducta.
Por otro lado, hay cuestionamientos fundados respecto de la función rehabilitadora de las penas . Como en casi todas las propuestas de reforma, se presenta sin sustento alguno; por ejemplo, no tenemos información sobre la reincidencia en los delitos sexuales, los perfiles de los abusadores, los factores de riesgo o la eficacia en los países en los que se aprobó. A manera de ejemplo, la eficacia de la castración química está en duda debido a que muchos delitos son más actos de ejercicio de poder, que consecuencia del deseo sexual.
Usualmente los proponentes de la dureza sueltan la idea a sabiendas que no tendrá éxito; saben, y si no lo saben sería mayor su irresponsabilidad política, que las penas perpetuas, indeterminadas o de carácter físico son incompatibles con la Constitución y que cualquier Corte Constitucional medianamente seria frenará su propuesta; esto parece no importarles, igual recibirán su dosis de notoriedad; pero sus propuestas de castración química o de penas de larga duración tiene un efecto negativo en un debate público indispensable sobre la prevención de los delitos sexuales, debido a que estas propuestas neutralizan e incluso banalizan el debate social respecto de las causas del delito, del mal funcionamiento y efectividad del sistema de justicia, la casi inexistente protección a víctimas, la cada vez más débil protección de infancia y adolescencia, las dificultades en la investigación y el juzgamiento de los delitos sexuales, la efectividad de la rehabilitación.
Los impulsores de estas ideas se ponen, una vez más, el traje de populistas, demostrando su poco interés en promover acciones serias frente a problemas sociales de extrema gravedad, desnudando el verdadero objetivo detrás de estas ideas: ganar votos y sumar adhesiones en las próximas elecciones.
