Resulta una infamia que mientras personas que realmente tienen algún tipo de discapacidad han tratado de obtener un carné y algunos no lo han logrado o se han demorado años, otros obtuvieron de manera fraudulenta, con rapidez y facilidad. Horroriza conocer la corrupción y la sinvergüencería para conseguirlos ilegalmente. Ofende a quienes verdaderamente han sufrido un grave quebranto en su salud, disminuidos en alguna de sus capacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y que con todo el derecho ostentan este documento, que en algo reivindica su dura condición humana.
No es posible que aprovechándose de la emergencia sanitaria se emitieran ilegalmente 3.000 carnés de discapacidad y que están en proceso de anulación. Por ello han sido procesados unos funcionarios del Ministerio de Salud, institución que desde el 2013 califica y otorga estos documentos. Cuántos supuestos discapacitados se han beneficiado de exoneraciones tributarias y la importación de vehículos de alta gama, que debieran ser sancionados y revertidas esas prebendas.
En medio de esta pandemia de corrupción, no solo presuntos delincuentes que crearon empresas para vender insumos médicos a los hospitales con enormes sobreprecios, sino hasta políticos, autoridades, futbolistas, legisladores y familiares se habrían beneficiado de estos carnés, aunque por responsabilidad hay que establecer caso por caso si verdaderamente se comprobó una discapacidad y si fueron legalmente evaluados y otorgados.
No se trata de acusar a las máximas autoridades pero sí exigir que se limpie de raíz lo que al parecer ha sido una estructura organizada y que, según informes revelados, cobraban para su otorgamiento. Esta es otra herencia nefasta del gobierno correísta, que puso en vigencia el Subsistema Nacional para la calificación de la discapacidad y se pasó esta tarea a la autoridad sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud. Anteriormente de la vigencia de la actual ley (2012) este trabajo realizaba el Consejo Nacional de Discapacidades.
Están bien las reformas emprendidas, que incluye cambios a la Ley de Discapacidades, una nueva evaluación de los carnés otorgados, seguridades y rigurosidad en sus procesos de entrega, su automatización y un nuevo ‘software’. Sin embargo, todos estos mecanismos serán administrados por seres humanos, que si no demuestran honestidad a toda prueba el problema no se habrá solucionado.
El Ministro de Salud en lugar de estar liderando un proceso para establecer un verdadero sistema de salud pública, rescatar lo perdido en el régimen anterior, le ha tocado afrontar la pandemia del coronavirus y de la corrupción: las irregularidades en los hospitales, la adquisición de insumos médicos y de bioseguridad con sobreprecios y hoy la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad.