Todas las incomodidades de la cuarentena ocasionadas por la peste maldita se quedan cortas comparadas con los efectos en el mundo del trabajo: despidos masivos y selectivos, empeoramiento de la informalidad, desaparición de puestos, menoscabo de derechos. El escenario del trabajo tambalea… y con él la supervivencia y realización de las personas.
Una de las opciones salvadoras del Gobierno es la de construir acuerdos entre empleadores y empleados. Acuerdos conversados, consensuados, amparados en la confianza. Para sostener los empleos y garantizar la sobrevivencia. La alternativa corre para todas las empresas y también para la educación privada y fiscomisional. Que atiende un millón de familias. Que ocupa 80 mil profesores. Que cobija también a estudiantes con recursos limitados.
El sector está sujeto un círculo vicioso que opera más o menos así. Familias -muchas de las cuales no son privilegiadas-afectadas por la contracción de ingresos, presionan a las instituciones educativas por reducción de pensiones. Los argumentos más frecuentes son: problema de recursos y desvalorización -sin fundamentos- de la docencia virtual. La palanca de presión: un eventual retiro de chicos de la escuela, Implicaría, junto con la alta morosidad existente, el cierre de centros.
Las escuelas privadas y fiscomisionales para evitar el despeñadero y por su compromiso social, procuran evitar el retiro de los alumnos, especialmente de preescolar. Y bajan las pensiones. Optan además por disminuir sus costos. Penosamente, lo que tienen a mano son los docentes. Y bajan los sueldos a los maestros.
Los maestros, presionados como familias, y sin organización que los represente, enfrentan una disyuntiva fatal: reducción del salario o desocupación. Y como no tienen a quién presionar, terminan en este círculo perverso como la cabeza de turco. Todo parece tan lógico, tan inevitable…
El corazón de los acuerdos debía residir en el diálogo, la actitud solidaria, la transparencia. Procesos que alcanzan consensos. Lastimosamente, un buen número de instituciones y empresas -incluyendo las educativas- ha decidido rebajar sueldos unilateralmente, sin negociación, sin construcción compartida. Sin duda no hay soluciones fáciles ni favorables para todos. Pero resulta aconsejable cuidar al máximo al eslabón más frágil, al que tiene menor poder de negociación.
Recuperar la esencia del acuerdo es un imperativo. Y considerar no solo el sueldo sino plazos, bonificaciones, derechos, niveles de trabajo. Se precisa también que las escuelas privadas consideren creativamente otros rubros que alivien a los docentes: utilidades, austeridad, focalización, redes de apoyo, cooperación externa.
El estado no debería dejar el tema librado a su suerte. Podría aportar creativa y solidariamente en los acuerdos. Para reducir al mínimo los efectos negativos en todos los actores.