Diego Araujo Sánchez

La Asamblea de la censura

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Martes 01 de diciembre 2020

En la Fiscalía General del Estado se siguen procesos judiciales contra alrededor de sesenta de los 137 asambleístas que integran el pleno de la Asamblea, reconoció semanas atrás su presidente, César Litardo.

La semana anterior, la Legislatura de este calibre fue escenario del juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La interpelación terminó con 104 votos por su censura y destitución. Definieron los resultados los votos de las bancadas correísta y de los socialcristianos, a los que se sumaron diputados de Creo, de Alianza País y algunos independientes.

Mientras la defensa y réplica mostraron un razonamiento coherente y probaron la sinrazón de las causales por las que se le había seguido el proceso, las intervenciones de los interpelantes evidenciaron falta de coherencia y echaron mano de múltiples otras aseveraciones que no tenían que ver con las causas invocadas para el juicio político por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea: el uso policial de bombas lacrimógenas caducadas en las manifestaciones de octubre de 2019 y la supuesta acción policial en las universidades que habían acogido a los manifestantes.

La censura estaba dictada antes del juicio: no pesaban los argumento, sino otros intereses en juego. ¿Cuáles? En la réplica final de la ahora ex ministra salieron a relucirlos. “Hay miembros de la Asamblea –señaló la funcionaria- cuyo voto de censura será una condecoración para mí: los de Coopera, los de Caminosca, los Samanes, los de la venta del Hotel Quito, los de acuerdos entre privados, los de quienes intentaron dar el golpe de Estado en octubre del año pasado, los que han convertido a los secuestradores en héroes y los que creen que hacer política es subirse en un escándalo o bailar en Tik tok”. La ministra mencionó que su acción de haber destapado la estafa del Isspol, “pondrá en jaque a grandes poderes políticos y económicos, que prefieren que salga del Ministerio antes que asumir lo que hicieron”.

Estas sustanciosas expresiones explican que las causales para el juicio fueron un pretexto para satisfacer otros nada limpios intereses y dan pistas del confluente voto de los grupos legislativos que llevaron la batuta en el juicio.

En contraste con la censura de la ministra, ¿qué acontece con los que quemaron la Contraloría, los autores de las acciones de vandalismo, del ataque al cuartel de la Balbina, secuestro de policías y militares, toma de pozos petroleros, entre otros múltiples actos delictivos? ¿Han sido ya juzgados? Y en la Asamblea, un procesado por la toma de pozos petroleros, ¿sigue campante en ella y pudo votar por la censura a la ministra?

Aquellos señalamientos de María Paula Romo podrán servir para recordar a esta Asamblea de la censura como una de las más deplorables en la historia de la Legislatura.