La Corte Constitucional, en plausible resolución, ha despenalizado el aborto cuando el embarazo es consecuencia de una violación. No está autorizando ni promoviendo el aborto como se dice malintencionadamente. El tema del aborto es muy complejo por consideraciones morales, éticas, de salud y religiosas. No soy partidario del aborto, como no lo es la gran mayoría de ecuatorianos. Pero ignorar que hay circunstancias y casos espantosos es inhumano e irresponsable. Ni la permisividad que puede tener otras consecuencias, morales y físicas, ni el extremo que lleva a condenar a la cárcel a mujeres violentadas y a las implicaciones psicológicas que actos de esta naturaleza tienen.
Hay una realidad que sobrepasa toda imaginación. 17.748 niñas entre 9 y 14 años fueron violadas entre 2009 y 2016, más de seis por día. Solo 449 casos fueron denunciados a las autoridades. La mayoría de las violaciones se produjo por padres, hermanos, parientes. Más de 20.000 niñas menores de 14 años dieron a luz entre 2008 y 2018. 718 tenían menos de 10 años. En más de un 70% las niñas gestan con infección de vías urinarias y anemia, con riesgo para sus vidas y las de las criaturas concebidas.
128 niñas quedaron con lesiones físicas o psicológicas permanentes. Cuando acudían a un centro de salud les decían que continuaran con el embarazo, so pena de ir a prisión, como los médicos que las atendían. Se fomentaron así peligrosos abortos clandestinos.
515.983 adolescentes, entre 15 y 19 años alumbraron en los últimos diez años. 128.995 sufrieron violencia sexual y tuvieron su embarazo producto de una violación.
Ecuador es el segundo país en América Latina en embarazo de adolescentes.
328 mujeres han sido sometidas a juicio y recluidas en prisión al solicitar atención por abortos en curso o por partos prematuros, bajo sospecha de aborto provocado. Todas ellas mujeres pobres y menores de veinte años. Estadísticas actualizadas agravarían esa realidad.
La violencia contra las mujeres y sus consecuencias son temas de justicia y derechos humanos y también de salud pública.
La Asamblea tiene la obligación de considerar todos estos factores siguiendo el espíritu y la letra de la resolución de la Corte Constitucional. Y el Defensor del Pueblo de presentar un proyecto racional y equilibrado, alejado de los extremos y desplantes en los que generalmente camina. No se trata de abrir la puerta al aborto indiscriminadamente. Se trata de proteger a mujeres indefensas de las consecuencias del abuso y de la violencia. Evitarles un futuro marcado por daños físicos y psicológicos que les afecten irreversiblemente y que marquen también la vida del niño concebido en esas condiciones.
Bien ha hecho el presidente electo Guillermo Lasso en anunciar que acata lo resuelto, que, además, ha sacado de sus manos lo principal del problema que más temprano que tarde le habría tocado afrontar.