Farith Simon

Abogados mediáticos

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Lunes 07 de diciembre 2020

Una regla ética común para quienes ejercen la abogacía es no llevar a los medios los casos en que trabajan, patrocinan o por los que reciben un pago, excepto cuando se lo haga con el objetivo de evitar que se cometa una injusticia. El Código de Ética Avellán Ferres, vigente pero un tanto anacrónico, de forma textual establece: “El abogado no debe usar de la prensa para discutir los asuntos que se le encomienden ni publicar en ella piezas de autos, salvo para efectuar rectificaciones cuando la Justicia o la moral lo exijan o cuando el litigio sea contra el Estado y verse sobre una garantía que se considere violada”.

Hoy, la idea de “medio de publicidad” ha cambiado radicalmente. El Internet, en especial las redes sociales, parecen haber transformado el texto de esta regla ética en una suerte de pieza de museo, desde la perspectiva práctica; sin embargo, no se puede decir lo mismo de su contenido ético.

Abogados y abogadas que llevan sus causas al espacio público podrían afirmar que lo hacen cumpliendo la excepción del Código de Ética: impedir una injusticia o aclarar un error; pero cuando lo hacen, por esa defensa de la justicia o en las causas contra el Estado, deberían cumplir al menos dos condiciones, transparencia y claridad.

Transparencia. Siempre deberían informar que son parte de la causa, sea que hayan recibido pago o no; ser parte del equipo de defensa de alguien hace que la opinión o la información que difunden deban ser tratadas a partir de la posición tomada, es decir, la de representación de un interés, una causa o una posición. Hemos visto cómo algunos profesionales reconocidos como defensores de derechos o analistas aparentemente independientes, usan su presencia en medios para emitir opiniones sobre causas sin aclarar que defienden a una de las partes, llevando a confundir a quienes les escuchan, leen o siguen; ya no se sabe cuando emiten sus afirmaciones de forma independiente o interesada.

Claridad. La denuncia sobre las injusticias debe hacerse con información precisa, única forma de pasar de un acto de mera propaganda a la defensa contra un abuso o a la denuncia de una injusticia.

Cuando profesionales del derecho usan los medios de difusión pública para generar apoyo o rechazo público a causas que representan, sean pagadas o gratuitas, o en las que tienen interés directo, actúan más como una empresa de relaciones públicas que como un abogado y, lo que es peor, al hacerlo ejercen una presión indebida sobre el sistema de justicia, porque la presión pública que generan podría afectar la imparcialidad de los jueces.

Decir esto no implica sostener que el que recibe pago por un caso, o tiene interés directo en el mismo, no pueda usar los medios en casos contra el Estado o para aclarar o denunciar abusos, pero deberían dejar en claro su relación con el caso. La falta de transparencia es inadmisible, siempre.